La Comisión Especial que estudia el proyecto de ley Orgánica de Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales, recibió este miércoles a representantes de Participación Ciudadana, quienes afirmaron estar de acuerdo con la aprobación de esta ley, sin embargo, expusieron su preocupación en los mandatos de algunos artículos que contiene la iniciativa remitida por el Poder Ejecutivo.
La presidenta de la Comisión Especial, Aracelis Villanueva, informó que el Congreso Nacional está abierto a escuchar todas sugerencias y que continuará estudiando esta iniciativa legislativa artículo por artículo porque no es el interés de los senadores “salcochar” el proyecto que busca regular la libertad de expresión en la República Dominicana.
“Nosotros invitamos a los miembros de Participación Ciudadana a nuestro trabajo de comisión porque, como habíamos prometido, estos trabajos lo estamos haciendo con la participación del pueblo y todo el que desee ser escuchado”, explicó.
La senadora adelantó, que el movimiento cívico insistió en el tema de la conformación del INACOM, ya que calificaron como un riesgo el tiempo en que sus miembros permanecerán en el cargo, sugiriendo que el mismo sea de cuatro años en vez de dos, porque le permite mayor nivel de independencia.
Villanueva, senadora por la provincia San Pedro de Macorís, recordó que este es el tercer encuentro de varios, y que, en la actualidad, de los 75 artículos que conforman esta ley, han sido analizados hasta el capítulo 11.
Los representantes de Participación Ciudadana, quienes además de ser invitados a los trabajos congresuales forman parte de la comisión que formuló el proyecto de ley, aclararon que están de acuerdo con que esta legislación viene a fortalecer la libertad de expresión, considerando como un derecho fundamental para la República Dominicana y para un Estado Social y Democrático de Derecho.
No obstante, expresaron su inquietud con relación al abordaje de algunos temas, “hay aspectos que sí nos generan preocupación, que entendemos es importante que sean revisados ahora por el Senado y luego por la Cámara de Diputados”, precisó Leidy Blanco, coordinadora de Participación Ciudadana.
Blanco calificó como un gran desafío en materia de corrupción el artículo 59 que dispone que, en ocasión de un proceso judicial, el juez puede ordenar que se suprima del proceso los datos que resulten difamatorios o injuriosos.
También se refirió al artículo 23 de la referida pieza, que establece la posibilidad de indexación, es decir, “requerir el borrado de información cuando el solicitante pruebe un daño cierto sustantivo en su vida privada”, entre otros aspectos de importancia.
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