El proyecto plantea que quien aporte la evidencia de una infracción reciba el 25% del monto total de la multa aplicada, con un descuento único del 10% por concepto de impuestos.
Según Mercedes, el Estado solo necesitaría invertir en una plataforma para recibir y validar los videos, aplicar las multas y realizar los pagos correspondientes.
Más allá de la multa: seguridad y rentabilidad
Según Mercedes, esta iniciativa no solo busca mejorar la seguridad vial, sino también ser una fuente de ingresos para miles de ciudadanos, evitando además los enfrentamientos directos entre agentes de la Digesett y los conductores.
«Así se evitarían los enfrentamientos físicos o verbales», afirmó.
El ideólogo de la propuesta asegura que la posibilidad de que un conductor sepa que puede ser filmado en cualquier momento «va a reducir sustancialmente las violaciones».
El proyecto permitiría grabar desde cualquier vehículo, en movimiento o detenido, sin exponerse al peligro.
Mercedes también propuso que los agentes de la Digesett trabajen en vehículos camuflados en carreteras y autopistas para que los conductores no puedan localizarlos fácilmente, lo que considera un método más efectivo que los tradicionales.
«La realidad del tránsito en el país se ha vuelto cada vez más peligrosa. Antes era simplemente la violación a la ley, pero ahora los conductores se están manejando con agresividad», advirtió.
Necesidad de una declaratoria de emergencia
El proponente aseguró estar dispuesto a dialogar con las autoridades para que su iniciativa sea evaluada seriamente.
«Mis hijos andan en la calle, yo ando en la calle. ¿Qué le toca a este gobierno? Declarar de emergencia, pero seriamente, la situación del tránsito en este país», sentenció.
Mercedes también sugirió fortalecer los controles de alcoholemia, ya que el alcohol representa un grave peligro al conducir.
Considera que las pruebas se aplican en muy pocos puntos, y si se hicieran con mayor frecuencia y en cualquier lugar, la gente dejaría de tomar para manejar.
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