La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), en coordinación con la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República (CGR), remitió este jueves al Ministerio Público un informe técnico que documenta la existencia de una estructura organizada de proveedores que, mediante prácticas fraudulentas, habría manipulado procesos de contrataciones con el Estado.
Añade la entidad que dirige Carlos Pimentel que entre las irregularidades figuran incurrir en presuntos actos de intimidación, extorsión y posibles vínculos con funcionarios públicos, afectando de manera directa la libre competencia y la igualdad de participación de los oferentes.
El informe, elaborado conjuntamente por la DGCP y la Unidad Antifraude de la COntraloría, a partir del análisis exhaustivo de los registros del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP) y otras fuentes de información, revela la actuación coordinada de varias empresas vinculadas que habrían utilizado distintas razones sociales para simular competencia, repartirse adjudicaciones y excluir a otros oferentes legítimos.
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