La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, valoró la aprobación en el Congreso Nacional y posterior promulgación por parte del presidente de la República, Luis Abinader, de la Ley 25-26, que crea el sistema Alerta RD, una herramienta diseñada para fortalecer la capacidad de respuesta del Estado ante casos de desaparición de personas.
Destacó que esta legislación es el resultado de meses de trabajo técnico e interinstitucional, durante los cuales encabezó la mesa de coordinación responsable de elaborar el protocolo de activación del sistema, con el propósito de establecer mecanismos claros, eficientes y oportunos para la actuación de las instituciones involucradas.
Explicó que los trabajos incluyeron la identificación y evaluación de distintos escenarios de riesgo, así como la definición de los procedimientos que regirán la activación de las alertas, garantizando una respuesta rápida y coordinada en beneficio de la población.
“Uno de los elementos más importantes de esta ley es que la activación de una alerta deberá realizarse de manera conjunta entre la Policía Nacional y el Ministerio Público en un plazo no mayor de 24 horas luego de recibida la denuncia, la cual podrá presentarse de forma presencial o por vía telefónica”, señaló Raful.
Indicó además que el sistema contempla una evaluación coordinada entre el Ministerio Público, la Policía Nacional y el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, instituciones que desempeñarán un papel esencial en su implementación y funcionamiento.
La ministra resaltó que Alerta RD incorpora mecanismos especializados para atender distintos tipos de desapariciones y situaciones de vulnerabilidad. Entre ellos figura la Alerta Amber, orientada a la búsqueda inmediata de niños, niñas y adolescentes reportados como desaparecidos, así como la Alerta Rosa, destinada a casos de mujeres en condición de vulnerabilidad o riesgo.
Asimismo, explicó que el protocolo contempla el Mecanismo de Búsqueda Urgente (MBU), una unidad operativa de la Policía Nacional encargada de coordinar la activación inmediata de las divisiones especializadas del Estado que deban intervenir en cada caso. Este esquema de respuesta articula la participación de unas 30 instituciones públicas con competencias específicas en la materia.
La Ley 25-26 también crea el Consejo Nacional para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, organismo adscrito al Ministerio de Interior y Policía y presidido por su titular, responsable de orientar estratégicamente la implementación y desarrollo del sistema.
Este consejo de carácter consultivo estará integrado por representantes de la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Sistema 9-1-1, el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (Conape), el Consejo Nacional de Discapacidad (Conadis), el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y el Servicio Nacional de Salud (SNS), entre otras entidades vinculadas a la protección y seguridad de la ciudadanía.
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