La Dirección de Control de Productos Pirotécnicos del Ministerio de Interior y Policía realizó la primera jornada formal de eliminación de 10,191 tiros de fuegos artificiales, por distribución y venta ilegal, incautados durante operativos en diciembre, en cumplimiento de la Ley 340-09.
La ministra Faride Raful, encabezó la actividad, donde destacó la importancia de esta acción al considerar que “estos productos cuando se venden sin regulación terminan en la mano de un niño en una acera, en una quemadura de tercer grado, en un ojo que pierde visión, en un incendio que consume una casa la noche del 31. Ese es el costo real de la pirotecnia ilegal”.
Recordó que, conforme a la referida ley, ninguna autoridad municipal, provincial o local tiene facultad para autorizar productos pirotécnicos fuera de ese marco y advirtió que quienes lo hagan sufrirán las consecuencias.
“Este Ministerio va a seguir haciendo su parte, inspeccionando, incautando, destruyendo lo que no debió entrar al mercado. Las celebraciones que el país merece son las que no terminan en una sala de emergencias”, manifestó la ministra Raful.
En la jornada estuvieron el coronel Joel Marte Rodríguez, intendente general de Material Bélico del Ministerio de las Fuerzas Armadas, en representación del ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre; el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa; el director de Control de Productos Pirotécnicos, Allende Guerra; el viceministro de Seguridad, Edwin Feliz Brito, así como representantes de distintas instituciones aliadas.
Durante el acto, realizado en el campo de entrenamiento del Ejército de la República Dominicana, ubicado en Sierra Prieta, Yamasá, las autoridades reiteraron el compromiso institucional de hacer cumplir la ley, fortalecer la prevención y promover la conciencia ciudadana sobre los riesgos del uso y comercialización ilegal de productos pirotécnicos.
Asimismo, destacaron la importancia de continuar la articulación de esfuerzos con los ayuntamientos, el Ministerio de Medio Ambiente y demás entidades, para reforzar las normas, directrices y protocolos para la correcta eliminación de estos productos, y avanzar hacia una meta clara: que cada año sea menor la cantidad que deba ser incautada y destruida, como resultado de una mayor cultura de legalidad y de prevención.
Esta acción forma parte del trabajo sostenido del Ministerio de Interior y Policía para garantizar el orden, la seguridad y el bienestar de la ciudadanía.
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