La Junta Central Electoral (JCE) anunció que apelará, por todas las vías judiciales que sean necesarias, nacionales e internacionales, la sentencia emitida por el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos, por no existir evidencia alguna donde conste la aprobación ni autorización por parte del Pleno ni del presidente de la JCE para la adquisición de presuntos servicios que la parte demandante alega fueron requeridos por la institución.
En ese sentido, el Pleno JCE instruyó a que se desplieguen todos los esfuerzos jurídicos necesarios para resguardar los intereses, la imagen y el buen nombre de la institución.
El órgano electoral sí acordó con la sociedad comercial Latin Events algunos servicios de publicidad y de logística, los cuales fueron saldados vía transferencia bancaria SWIFT desde República Dominicana hacia Estados Unidos, el 21 de mayo de 2024 y que ascendieron a un monto de 230 mil dólares, cifra que fue saldada en su totalidad.
Demanda por servicios no contratados
La JCE explica que no obstante haber saldado lo acordado, la empresa Latin Events envió luego otras facturas de algunos servicios que la institución no contrató, como el caso del cobro de US$ 600,000.00 más 53, 250 dólares por impuestos sobre la venta, por concepto de 15,000 boletos impresos para el evento de la serie Titanes del Caribe entre los equipos de béisbol de República Dominicana, las Águilas Cibaeñas y Tigres del Licey, celebrado en el Citi Field de Queens, Nueva York, del 10 al 12 de noviembre de 2023.
La Junta reitera que no fue válidamente notificada en su sede de la República Dominicana, por lo que no pudo ejercer su derecho de defensa, ya que, conforme al Tratado de Viena, las notificaciones dirigidas a consulados en el exterior no sustituyen la notificación a la institución en su jurisdicción nacional, pues son los consultados los únicos que tienen personalidad jurídica fuera de la jurisdiccional nacional.
La JCE asume su compromiso con la transparencia y reitera que en este caso acudirá a todas las instancias judiciales necesarias para demostrar que no fue asumida tal obligación, en aras de preservar el correcto uso de los fondos públicos del pueblo dominicano.
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