La Junta Central Electoral (JCE) realizó un taller de capacitación sobre el derecho de las mujeres a una vida política libre de violencia, con el objetivo de concientizar y compartir herramientas para contribuir a que las féminas puedan desarrollarse en el ámbito político sin ser violentados sus derechos.
Presidieron esta capacitación, organizada con la colaboración de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Embajada de Canadá en el país, el presidente de la JCE, Román Andrés Jáquez Liranzo; los miembros titulares Rafael Armando Vallejo Santelises, Dolores Fernández y Samir Rafael Chami Isa, así como también parte del cuerpo directivo del personal del órgano electoral.
Estuvieron presentes, además, la embajadora de Canadá en República Dominicana, Jacqueline de Lima Baril; Cristóbal Fernández, jefe de la sección de Cooperación Técnica del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (DECO) de la OEA, así como también representantes de las organizaciones políticas y de la sociedad civil; funcionarios y colaboradores del Tribunal Superior Electoral (TSE), entre otras personalidades.
Propugnar por una sociedad libre de violencia en contra de la mujer
Al abrir formalmente el taller, el presidente de la JCE afirmó que el avance y la presencia de las mujeres en política es un reflejo de sus capacidades, fortalezas y aportes en la sociedad, pero, además, del sistema político electoral en el que participan y de la cultura de la sociedad en donde ellas se desenvuelven.
Consideró que todos los órganos del sistema electoral dominicano tienen la responsabilidad de garantizar los derechos de participación de la ciudadanía y, sobre todo, crear las condiciones para que los derechos de segmentos poblacionales que ameriten un tratamiento acorde a los estándares que exige la Constitución dominicana.
Agregó que el órgano electoral, conjuntamente con la OEA, a través de su Departamento para la Cooperación de Observación Electoral (DECO) y de la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia y la Embajada de Canadá en la República Dominicana, procuran con este taller fortalecer el conocimiento sobre los derechos de las mujeres que participan en diferentes ámbitos y niveles de la vida política.
“La violencia que enfrentan en el ejercicio de estos derechos a través de la capacitación que hoy nos convoca, procura fortalecer estas capacidades, destrezas y fortalezas”, dijo Jáquez Liranzo, quien propuso propugnar siempre por una sociedad libre de violencia en contra de la mujer transversalizada por la cultura de paz y justicia social.
En la apertura del taller también habló Cristóbal Fernández, jefe de la sección de Cooperación Técnico del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (DECO) de la OEA, quien destacó la importancia de abordar la violencia contra la mujer como un flagelo que corroe la sociedad en el día de hoy.
De su lado la embajadora de Canadá en República Dominicana, Jacqueline de Lima Baril, al tomar la palabra en la apertura del taller, afirmó que construir comunidades y sociedades fuertes, inclusivas y dinámicas requiere compromisos sólidos y duraderos de todos como aliados para transformar la dinámica de poder y desafiar las normas sociales.
“La plena participación de la mujer en el liderazgo y la toma de decisiones, es un elemento clave para construir democracia y sociedades representativas fuertes, inclusivas y sostenibles, y sobre todo sin violencia”, dijo Lima Baril.
Durante el taller expusieron Ligia Ixmucané Blanco, consultora internacional; Marta Martínez, especialista de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM/OEA); Laura Albaine, profesora e investigadora de la Universidad de Buenos Aires y Conicet e Ivonne Coloma, vicepresidenta del Tribunal Contencioso Electoral de Ecuador.
Entre los temas que se abordaron figuran la evolución de la participación política de las mujeres para comprender mejor las condiciones en las que se produce la violencia de género, las diferentes dimensiones que caracterizan la violencia política contra la mujer, el análisis de los instrumentos adoptados a nivel regional y de la legislación nacional en materia de prevención, sanción y erradicación de este tipo de violencia y, además, lo relativo a la administración efectiva de justicia como uno de los desafíos más importantes para la prevención y combate a la violencia contra las mujeres en política.
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