El magistrado José Alejandro Vargas denunció haber sido víctima de una supuesta discriminación por razones de edad tras acudir a una oficina del Intrant para renovar su licencia de conducir.
Según relató el juez, se le informó que el documento solo tendría vigencia por dos años en lugar de los cuatro habituales, bajo el argumento administrativo de que al superar los 65 años comienzan «achaques de salud» que pondrían en peligro el tránsito.
Vargas calificó esta medida como un acto que barre la dignidad de los envejecientes y cuestionó la presunción de incapacidad basada únicamente en la longevidad del ciudadano.
El jurista recordó que el artículo 39 de la Constitución prohíbe la discriminación por edad y que el Tribunal Constitucional ha establecido que el Estado posee un deber de protección reforzada hacia los adultos mayores.
Para el magistrado, esta política administrativa ignora que el Estado Social y Democrático de Derecho garantiza que todos los ciudadanos sean iguales ante la ley.
Vargas expresó su frustración al ver cómo se aplican criterios que limitan los derechos de las personas mayores, subrayando que la edad no debe operar como una justificación para reducir la vigencia de documentos oficiales sin evaluaciones individuales.
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