Los legisladores de la Fuerza del Pueblo que integran la Comisión Bicameral encargada para el estudio de la modificación de la Ley del Código Penal expresaron su preocupación ante la intención de concluir de manera acelerada y festinada el conocimiento de las observaciones remitidas por diversos sectores de la sociedad.
Señalan los legisladores de oposición que la modificación se haría sin estudiar a fondo, advirtiendo que un proceso apresurado podría conducir nuevamente a la aprobación de una legislación con disposiciones contradictorias o susceptibles de cuestionamientos constitucionales.
Los congresistas señalaron que la comisión ha recibido opiniones y propuestas de 84 organizaciones, ciudadanos e instituciones representativas de distintos sectores nacionales, cuyos aportes merecen un análisis profundo y responsable, dada la trascendencia de una norma que impactará directamente el sistema de justicia y los derechos fundamentales de los ciudadanos.
“Resulta preocupante que se pretenda conocer estas observaciones de manera expresa y festinada, en apenas horas, sin agotar una discusión detallada de su contenido ni de las motivaciones que las sustentan.
El país no puede permitirse volver a enfrentar controversias jurídicas, recursos de inconstitucionalidad o inconsistencias normativas derivadas de un proceso legislativo apresurado”, indicaron.
En ese sentido, los representantes de la Fuerza del Pueblo informaron que propondrán formalmente a la Comisión Bicameral la extensión del período de vacación legal otorgado para el estudio de la pieza legislativa, con el propósito de garantizar una evaluación técnica, jurídica y constitucional adecuada de las recomendaciones recibidas.
De igual forma, sugirieron que, en caso de no realizarse vistas públicas, se convoque a representantes de las entidades consultadas a reuniones de trabajo con la Comisión Bicameral, a fin de profundizar en aquellos aspectos que requieran aclaración o mayor discusión.
Los legisladores opositores sostuvieron que la aprobación de un nuevo Código Penal debe ser el resultado de un proceso amplio, participativo y técnicamente sólido, que garantice una legislación moderna, coherente y plenamente compatible con la Constitución de la República.
Finalmente, reiteraron que su posición no responde a una intención de retrasar los trabajos legislativos, sino a la necesidad de asegurar que el país cuente con una norma de calidad, construida sobre la base del consenso, el diálogo y el respeto a las observaciones formuladas por los distintos sectores de la sociedad dominicana.
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