El mes de febrero se acerca con una expectativa latente entre las filas militares, pues el Poder Ejecutivo tiene previsto realizar ascensos y retiros para aquellos oficiales que ya han agotado su tiempo de servicio. Sin embargo, desde ya, muchos militares están recurriendo a políticos y funcionarios en busca de apoyo para continuar en sus funciones, a pesar de cumplir con los requisitos para el retiro.
De acuerdo con el Artículo 172 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, la evaluación para el retiro de los militares y asimilados militares es responsabilidad de la Junta de Evaluación de Retiro. Este órgano tiene la tarea de recomendar a los organismos militares correspondientes quiénes califican para pasar a la condición de retiro.
La normativa establece que la decisión debe ser comunicada a los seleccionados al menos tres meses antes de la fecha en que el retiro será efectivo. Este proceso busca garantizar transparencia y tiempo suficiente para que los militares se preparen para la transición.
Sin embargo, el panorama actual refleja tensiones internas, ya que algunos oficiales optan por buscar influencias externas con la esperanza de evitar su salida. Este fenómeno ha generado críticas, dado que estas acciones pueden interpretarse como una falta de respeto al marco legal y a los procedimientos establecidos para regular las filas castrenses.
La Junta de Evaluación de Retiro, junto al Poder Ejecutivo, enfrenta el reto de garantizar que los ascensos y retiros cumplan con los principios de mérito y antigüedad, sin ceder ante presiones externas.
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