Con la propuesta de reforma policial impulsada por el presidente Luis Abinader, surge una interrogante importante: ¿Debería incluirse la prohibición de la venta de pertrechos militares? No es un secreto que la comercialización de uniformes, gorras, botas, distintivos, insignias y guerreras se ha convertido en un lucrativo negocio por años para algunos empresarios, muchos de ellos antiguos militares pensionados o incluso activos.
El control de estos pertrechos debería estar en manos de las instituciones militares, que son las responsables de dotar a sus soldados del equipamiento adecuado. Sin embargo, el negocio privado de venta de uniformes militares sigue creciendo.
Según un militar de la Fuerza Aérea de República Dominicana consultado por eluniversaldigital.net, los más afectados por esta situación son aquellos que pertenecen a la llamada «adicción», es decir, los militares que prestan servicios en otras instituciones militares y no reciben las mismas provisiones de uniformes.
En marzo de este año, el presidente Abinader extendió por seis meses la autorización para la compra de artículos de defensa bajo procedimientos de excepción. Esta medida pone en duda la necesidad de que existan tiendas privadas que comercialicen estos pertrechos, si el gobierno ya realiza estas compras de manera directa.
Una rápida búsqueda en Google revela más de 20 negocios venden estos artículos, lo que plantea la necesidad de revisar la regulación de este comercio como parte de la reforma policial.
¿Qué es una “adicción” militar?
Se refiere a aquellos militares que, además de su sueldo oficial, buscan ingresos adicionales trabajando en otras instituciones castrenses. Estos soldados, al no estar dentro de la institución principal, muchas veces no reciben de uniformes adecuada, lo que los lleva a tener que adquirir estos artículos por su propia cuenta, alimentando el ciclo de negocio de los pertrechos militares.
Es evidente que, para que la reforma policial sea efectiva, también se deben abordar temas como la regulación del comercio de artículos militares, para asegurar que estos solo sean provistos por las instituciones correspondientes.