En el año 2025, el Ministerio de Salud Pública ordenó el cierre parcial de la clínica estética Diosa, ubicada en Santiago, tras un reportaje de investigación que reveló que el centro promovía “mini‑cursos” de cirugía plástica. Según la Dirección de Habilitación de Salud Pública, el establecimiento no estaba autorizado para realizar procedimientos quirúrgicos, y únicamente podía ofrecer consultas médicas bajo supervisión profesional.
A pesar de esta advertencia oficial, este jueves la clínica volvió a ocupar titulares tras la muerte de Geraldín Hernández, una mujer de 32 años que falleció después de someterse a una liposucción en el centro. La noticia ha generado conmoción y preocupación en la comunidad local y en la opinión pública, cuestionando la eficacia de la supervisión y los controles sobre los centros estéticos en el país.
Expertos en salud han señalado que la falta de cumplimiento de protocolos de seguridad y la realización de procedimientos sin autorización legal son factores de riesgo graves. Familias de pacientes y organizaciones de salud han exigido que las autoridades tomen medidas inmediatas para garantizar que los centros de estética operen de manera legal, segura y transparente, evitando que se repitan tragedias como esta.
El caso de Geraldín Hernández ha reabierto el debate sobre la regulación de la medicina estética y los riesgos que enfrentan los pacientes en centros no autorizados, recordando la importancia de verificar la licencia y supervisión profesional antes de cualquier procedimiento quirúrgico.
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