Profesionales dominicanos del área de la ingeniería residentes en esta ciudad, valoran la aptitud del ministro de Hacienda y Economía, Magin Díaz, que durante la protesta pacifica realizada este martes frente al edificio del Ministerio, por el Comité Institucional Codiano (CIC), se informara a los ingenieros que ya se aprobó el protocolo que regirá la aplicación de esa legislación.
Se marcó un punto de inflexión en el proceso de ejecución de dicha Ley, porque el ministro, a través de un asistente suyo comunicó que la comisión ejecutora ya celebró su primera sesión de trabajo y aprobó el protocolo que regirá la aplicación de esa legislación, como sostuvieron Miguel Liberato y Samuel Peña, voceros del CIC.
Según el comunicado de Hacienda la primera reunión fue presidida por el propio ministro Díaz y contó con la participación del contralor general de la República, Gerardo Espinosa; del director general de Presupuesto, José Rijo Presbot; y del director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel.
El piquete realizado reunió a decenas de contratistas del CIC que tienen deudas históricas por cobrarle al Estado y se desarrolló de manera ejemplar, en un ambiente de absoluto orden, civismo y respeto al Estado de derecho, especifican sus colegas de profesión en NYC.
Los directivos del CIC reconocieron este anuncio como un avance significativo y afirman que constituye un primer resultado concreto de la lucha institucional y cívica que durante los últimos meses han desarrollado para exigir el cumplimiento de una ley aprobada por el Congreso Nacional y promulgada por el Poder Ejecutivo.
Indican en el documento que ellos seguirán desde NYC la ruta del caso, porque el anuncio representa apenas el inicio de una nueva etapa y se mantendrán vigilante al trabajo de la comisión ejecutora hasta que los expedientes sean evaluados con transparencia y comiencen los pagos contemplados en la Ley 16-26.
Los ingenieros en NY indican que los miembros del CIC, antes de convocar la protesta, agotaron todas las vías institucionales disponibles, entre ellas, comunicaciones oficiales al Ministerio de Hacienda y Economía.
Asimismo, una intimación por silencio administrativo, se solicitó la intervención del Defensor del Pueblo y de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, además de que se acudió al Congreso Nacional para solicitar el ejercicio de su función de fiscalización.
Entre los firmantes figuran Leonardo Contreras, Meregildo Rojas, Luis González, Alberto Guerra, Jacinto Santos, Manuel Aguilera, Franklin Rosario y las arquitectas María Ramos, Alejandra Montalvo, Renato Ventura, entre otros.
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