El presidente de la Asociación de Profesores de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, John Garrido, afirmó este martes que República Dominicana incumple el Protocolo de Minnesota de las Naciones Unidas al no realizar investigaciones independientes e imparciales sobre las muertes ocurridas a manos de agentes de la Policía Nacional.
El Protocolo de Minnesota, cuyo nombre oficial es el Manual de las Naciones Unidas sobre la Prevención e Investigación Eficaces de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias, constituye un conjunto de directrices internacionales destinadas a investigar muertes potencialmente ilícitas o sospechas de desaparición forzada.
“Este manual tiene el propósito de proteger el derecho a la vida, promover la rendición de cuentas, la justicia y la reparación para las familias, al tiempo que evita la intervención de funcionarios del Estado cuando estos sean sospechosos de estar involucrados” puntualizó Garrido.
“El protocolo impone al Estado la obligación de investigar toda muerte ocurrida en circunstancias sospechosas, aun cuando no se denuncie o se sospeche que el Estado fue el causante o se abstuvo ilícitamente de prevenirla”, agregó John Garrido, al tiempo demandar investigar las muertes de más de 65 personas registradas en hechos descritos por las autoridades como supuestos intercambios de disparos con agentes policiales.
El profesional del derecho informó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, utiliza el Protocolo de Minnesota como estándar internacional de referencia para evaluar si las investigaciones de muertes potencialmente ilícitas, ejecuciones extrajudiciales o desapariciones forzadas cumplen con las obligaciones de los Estados bajo la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
John Garrido enfatizó que las muertes de presuntos delincuentes registradas a manos de la Policía Nacional deben ser investigadas de manera imparcial e independiente, conforme al Protocolo de Minnesota, el cual tiene fuerza constitucional, de acuerdo con los artículos 26 y 74 de la Constitución dominicana.
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