Santo Domingo.– La destitución de Rafael Feliz como rector del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA) ha generado reacciones en distintos sectores del ámbito político y social, luego de que el Poder Ejecutivo dispusiera su separación del cargo tras la difusión de un reportaje de investigación presentado por la periodista Nuria Piera, en el que se exponen presuntas irregularidades administrativas durante su gestión.
La decisión fue adoptada mediante decreto presidencial, en uso de las facultades constitucionales del mandatario para nombrar y desvincular funcionarios públicos. No obstante, hasta el momento de su destitución no se había informado oficialmente sobre la conclusión de una investigación administrativa ni sobre la existencia de un proceso judicial que estableciera responsabilidades penales o civiles en su contra.
En ese contexto, el senador por la provincia Duarte, Franklin Romero, fijó su posición a través de una carta pública en la que reconoce el valor del periodismo de investigación y la autoridad constitucional del Poder Ejecutivo, pero cuestiona la rapidez con la que se produjo la desvinculación del funcionario.
En su comunicación, Romero señala que, si bien el periodismo de investigación constituye un pilar fundamental de la democracia y la transparencia, las decisiones administrativas de esta naturaleza deben estar acompañadas de prudencia, proporcionalidad y respeto al debido proceso, principios esenciales de un Estado de derecho.
El legislador reafirma además la presunción de inocencia como garantía constitucional y sostiene que toda acusación debe ser conocida y juzgada a través de un proceso judicial transparente, no mediante juicios anticipados en la opinión pública.
Romero advierte que, de comprobarse culpabilidad, debe aplicarse todo el peso de la ley, pero plantea una reflexión en caso contrario: quién responde por el daño causado a la reputación, la honra y la moral de una persona separada de su cargo sin una determinación judicial definitiva.
Carta del Senador
Ante la destitución del señor Rafael Feliz de sus funciones en el Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), considero necesario expresar una posición responsable, equilibrada y respetuosa del marco constitucional y democrático que rige la República Dominicana.
Reconocemos y valoramos el trabajo de investigación realizado por la destacada comunicadora Nuria Piera, cuya trayectoria ha contribuido de manera significativa a la transparencia, la rendición de cuentas y el fortalecimiento institucional. El periodismo de investigación es un pilar esencial de toda democracia.
De igual forma, respetamos plenamente la facultad constitucional del señor Presidente de la República para nombrar y desvincular funcionarios públicos, prerrogativa legítima del Poder Ejecutivo dentro del ejercicio de sus atribuciones.
No obstante, entendemos que en este caso la destitución del señor Rafael Feliz se produjo de manera apresurada y a destiempo, sin que se agotara previamente un proceso claro de investigación y esclarecimiento de los hechos. En un Estado de derecho, las decisiones administrativas de esta naturaleza deben ir acompañadas de prudencia, proporcionalidad y respeto al debido proceso.
Reafirmamos nuestra convicción en el principio de presunción de inocencia, consagrado en nuestra Constitución, y reiteramos que este y cualquier otro caso en el que exista una acusación debe ser conocido bajo ese principio fundamental: la presunción de inocencia, nunca la presunción de culpabilidad.
Creemos que debe abrirse y agotarse un proceso judicial transparente, donde los hechos sean debidamente investigados y juzgados conforme a la ley.
Si como resultado de dicho proceso se determinara culpabilidad, que se aplique todo el peso de la ley y que se pague por los hechos cometidos. Pero si ocurriera lo contrario, corresponde hacernos una reflexión seria y responsable: ¿quién devuelve la reputación, la honra y la moral de una persona que ya han sido profundamente afectadas?
Durante su gestión, Rafael Feliz desarrolló un trabajo con aportes relevantes en favor de la educación técnica y tecnológica, especialmente en beneficio de la juventud, lo cual también debe ser ponderado con objetividad y justicia.
Confiamos en que las autoridades competentes permitirán que la verdad sea plenamente esclarecida, que el proceso se conduzca con transparencia y que las conclusiones se sustenten en hechos comprobados y decisiones judiciales, no en juicios anticipados.
Reiteramos nuestro compromiso con la institucionalidad, la justicia, la verdad y el respeto a los derechos fundamentales.
Atentamente,
Franklin Romero
Senador de la República
Provincia Duarte
Cargando ...
