El Senado aprobó en segunda lectura con modificaciones, el proyecto de ley orgánica que modifica la Ley número 16-92, que establece el Código de Trabajo de la República Dominicana.
La iniciativa busca modernizar el Código de Trabajo para mejorar las condiciones laborales, garantizar derechos fundamentales y fortalecer aspectos como la no discriminación, la conciliación de conflictos y las regulaciones sobre horas extras, suspensión de contratos y licencias.
El pleno del Senado acogió las modificaciones a la reforma laboral entre las que destacan el artículo 3 del proyecto de reforma laboral, el cual prohíbe toda forma de discriminación en el ámbito laboral por motivos de sexo, género, edad, raza, origen, opinión política, militancia sindical, orientación sexual, discapacidad o creencia religiosa, salvo las excepciones previstas por la ley para la protección del trabajador. Asimismo, se aclara que no se consideran discriminatorias las distinciones basadas en las calificaciones requeridas para un puesto específico.
Entre otras de las modificaciones que fueron conocidas a la reforma laboral, se destaca el cambio introducido al artículo 511, que busca agilizar el proceso de conciliación. La propuesta establece plazos específicos para la designación del juez conciliador, la notificación de la demanda y la citación a audiencia, garantizando que entre esta última y su celebración medie un mínimo de ocho días francos.
El artículo 722 del proyecto de reforma laboral establece que los fondos recaudados por concepto de multas serán incorporados al presupuesto del Ministerio de Trabajo. Estos recursos serán destinados al fortalecimiento de los servicios ofrecidos a los usuarios.
Con estas disposiciones, el Senado de la República avanza en la construcción de un marco legal laboral más moderno, justo y eficiente, que fortalezca los mecanismos de control institucional, promueva la equidad en el empleo y garantice una mayor protección a los derechos de los trabajadores y empleadores en la República Dominicana.
En la sesión de este martes, también convirtió en el proyecto de fiscalización y control del Congreso Nacional, una iniciativa presentada por los senadores Félix Ramón Bautista Rosario y Ramón Rogelio Genao Durán y que había sido aprobada en la Cámara de Diputados con modificaciones
Esta propuesta legislativa tiene como objetivo regular los procedimientos y mecanismos que permitan al Congreso Nacional ejercer de forma efectiva su función constitucional de fiscalización y control político por parte del Congreso Nacional.
En el considerando tercero del nuevo marco legislativo, el poder legislativo reafirma su rol como contrapeso del Poder Ejecutivo, subrayando que la fiscalización y el control político deben ejercerse a través de instrumentos y procedimientos adecuados que garanticen la protección del patrimonio público.
De acuerdo con el artículo 31 del nuevo marco legislativo, los funcionarios públicos electos por voto popular, así como aquellos designados por el Senado de la República y el Consejo Nacional de la Magistratura, incluyendo ministros, viceministros, el gobernador del Banco Central, directores y administradores de organismos autónomos y descentralizado del Estado y los de entidades que administren fondos públicos, podrán ser citados a comparecer ante el Pleno o las comisiones del Congreso si incumplen con la entrega de informes solicitados en el tiempo establecido en el artículo 30 de dicha normativa.
El artículo 34 del proyecto legislativo establece que los plenos de ambas cámaras y sus comisiones tendrán la facultad de invitar a comparecer a funcionarios públicos, con el fin de informar sobre asuntos vinculados a sus funciones.
Estas disposiciones reflejan el compromiso del Congreso Nacional con el fortalecimiento del control institucional y la transparencia en la gestión pública.
ÚNICA LECTURA
El pleno aprobó en única discusión la resolución que solicita al director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), doctor Mario Lama, la instalación de una Unidad de Atención Primaria (UNAP) en el paraje de la Ceiba, sección El Salado, distrito municipal turístico Verón-Punta Cana, municipio de Higüey, provincia La Altagracia, una iniciativa propuesta por el senador Rafael Barón Duluc Rijo.
Asimismo, fue aprobada la resolución que otorga un reconocimiento a Monseñor Santiago Rodríguez, obispo de San Pedro de Macorís, con motivo de la conmemoración de sus veinticinco años de ordenación sacerdotal y su ejemplar servicio pastoral a la Iglesia Católica y a la sociedad. Esta iniciativa fue presentada por la senadora Aracelis Villanueva.
En los trabajos legislativos también se aprobó la resolución que solicita al presidente Luis Rodolfo Abinader, instruir al ministro de Educación, Luis Miguel Decamps, para que sea incluida en el currículo estudiantil de la educación primaria y secundaria las asignaturas sobre prevención y manejo de enfermedades de transmisión por vectores, iniciativa de la senadora Lía Ynocencia Díaz Santana.
De los Santos convocó a sesión para el próximo miércoles 23 de julio a las 2:00 de la tarde.
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