El Banco Popular Dominicano recibió aprobación de la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV) para emitir un bono verde por un monto de hasta RD$2,500 millones.
De esa forma la entidad bancaria se convierte en la segunda oferta pública de un instrumento de inversión sostenible en el mercado de valores dominicano y en la primera entidad financiera que realizará una emisión verde bajo los lineamientos de la SIMV.
Tanto el Banco Popular como el programa de emisiones fueron calificados AA+ y AA+ (dom) por las agencias calificadoras Feller Rate y Fitch República Dominicana, respectivamente, en diciembre de 2022.
Esta emisión de bonos del Popular se destinará a financiar o refinanciar, en parte o en su totalidad, créditos de su cartera verde, ampliando así el impacto positivo de la visión sostenible de la organización financiera y su compromiso con los Principios de Banca Responsable de las Naciones Unidas, que alinea su negocio con la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030.
Proyectos verdes elegibles
En este sentido, conforme a los requisitos de la circular C-SIMV-2020-02-MV sobre los lineamientos para la emisión de valores de oferta pública sostenible, verde y social, el Popular canalizará estos fondos hacia actividades elegibles como proyectos verdes con beneficios ambientales claros, como energías renovables, eficiencia energética, movilidad sostenible y economía circular.
Asimismo, la entidad bancaria también podrá incluir en su portafolio aquellas actividades aprobadas por la SIMV en el marco de la Taxonomía Verde. Este es un documento que, una vez sea publicado, clasificará las actividades y activos que contribuirán en el país a la mitigación del cambio climático y la adaptación a sus efectos.
Estos bonos verdes contarán con un vencimiento de hasta diez años y devengarán una tasa de interés fija o variable anual en pesos dominicanos, la cual se informará en el aviso de colocación primaria correspondiente. Sus destinatarios serán personas jurídicas, nacionales o extranjeras, calificadas como inversionistas profesionales, excluyendo personas físicas.
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