El contralor general de la República, Geraldo Espinosa, exhortó a las instituciones públicas a fortalecer sus controles y garantizar que cada contratación, pago, transferencia y operación que involucre recursos del Estado se realice con estricto apego a las normativas vigentes, a los fines de prevenir irregularidades y evitar la intervención de la Unidad Antifraude de la Contraloría.
“Traten por todos los medios de que los profesionales de la Unidad Antifraude de la Contraloría no hagan descenso en sus instituciones”, expresó Espinosa, al explicar que esta dependencia desarrolla labores de control preventivo y auditorías forenses, estas últimas cuando existen elementos que permiten identificar posibles desviaciones o irregularidades que ameritan una investigación especializada.
Espinosa hizo el llamado durante su participación como panelista en el Foro “Fortaleciendo la Gobernanza para una Gestión Íntegra y Transparente”, auspiciado por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), donde abordó el tema “Rol de los organismos de control en la prevención de la corrupción” ante representantes de distintas instituciones del Estado.
Indicó que el trabajo que se está llevando a cabo en la Unidad Antifraude de la Contraloría ha permitido fortalecer las capacidades del Estado para detectar operaciones que pudieran afectar el patrimonio público y recordó que investigaciones desarrolladas mediante estos mecanismos han derivado en casos que se encuentran judicializados.
El funcionario también destacó como uno de los principales desafíos de su gestión la ampliación de la cobertura del Sistema Nacional de Control Interno. En ese sentido, informó que la cantidad de Unidades de Auditoría Interna (UAI) ha pasado de 197 a 313, ampliando de manera significativa la presencia permanente de auditores encargados de velar por el cumplimiento normativo dentro de las instituciones públicas.
No obstante, expresó que los avances orientados a combinar control y eficiencia no deben convertirse en un obstáculo para que proveedores y contratistas reciban oportunamente los pagos correspondientes. Afirmó que prácticas como la retención injustificada de facturas en las unidades ejecutoras o áreas financieras deben quedar en el pasado.
En cuanto a la modernización de los procesos, resaltó la reciente adopción de la firma digital, mediante una resolución suscrita junto al Ministerio de Hacienda y Economía y el Ministerio de Administración Pública, la cual permite a ministros, directores generales y nacionales realizar la firma de libramientos y otros medios de pago a través de sus dispositivos electrónicos, independientemente del lugar donde se encuentren.
Entre los panelistas también estuvieron Andreinys Guerrero, encargada de Investigaciones de la Unidad Antifraude de la Contraloría y César Thomas, director financiero de dicha Unidad.
La actividad contó con la participación de la doctora Milagros Ortiz Bosch, directora general de Ética e Integridad Gubernamental; Carlos Pimentel, director de Contrataciones Públicas y Leónidas Radhamés Peña, director general de la Unidad Antifraude de la Contraloría, entre otras personalidades.
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