La Contraloría General de la República (CGR) inspeccionó 337 inmuebles vinculados a contratos de alquiler y arrendamiento de instituciones públicas, de los cuales 328 recibieron autorización de no objeción, como resultado del proceso de fiscalización técnica desarrollado entre marzo y agosto de 2026.
El contralor general de la República, Geraldo Espinosa, explicó que el proceso involucra contratos por un monto conjunto superior a RD$2,011.9 millones y US$33.5 millones. De las evaluaciones realizadas, el Departamento de Ingeniería y Arquitectura inspeccionó 243 inmuebles y otorgó 236 autorizaciones de no objeción, mientras que la Dirección de Unidades de Auditoría Interna Gubernamental evaluó otros 94 y autorizó 92.
Destacó que estas inspecciones permiten incorporar un criterio técnico al uso de recursos públicos destinados al alquiler de inmuebles y fortalecer los controles antes de que las instituciones asuman o continúen compromisos contractuales.
“Cada inmueble que el Estado alquila debe responder a una necesidad real y reunir las condiciones que justifiquen su contratación, y gracias a estas inspecciones podemos verificar sobre el terreno si existe o no correspondencia entre lo solicitado por la institución y el inmueble que será utilizado”, expresó el contralor.
Las evaluaciones forman parte de los controles establecidos por la institución para verificar la localización, las condiciones y características de los bienes inmuebles que serán utilizados por organismos del Estado. Durante el período analizado fueron recibidas 351 solicitudes de inspección, de las cuales 337 ya habían sido evaluadas y 14 se encontraban pendientes o programadas.
Entre los inmuebles evaluados predominan los destinados a oficinas, seguidos por almacenes y estacionamientos. También registra la revisión de alquileres de centros educativos privados utilizados para impartir docencia a estudiantes de escuelas públicas y señala que una parte importante de las solicitudes corresponde a renovaciones de contratos existentes.
Las inspecciones tienen un alcance nacional, aunque los mayores montos contratados se concentraron en el Gran Santo Domingo. El reporte también registra operaciones en Santiago, San Cristóbal, Puerto Plata, Barahona, Duarte, Azua, San Pedro de Macorís y Samaná, entre otras localidades.
Entre las instituciones con mayor volumen de requerimientos figura el Ministerio de la Mujer, con 56 solicitudes de inspección de inmuebles destinados principalmente a casas de acogida y oficinas institucionales. Al cierre del período analizado, la Contraloría había realizado 39 de esas inspecciones.
El funcionario indicó que la fiscalización de los alquileres procura que las decisiones administrativas estén acompañadas de verificaciones técnicas que contribuyan al uso racional de los fondos públicos. “Nuestro propósito es que el control no sea simplemente un trámite. Debe servir para prevenir, ordenar y ofrecer mayores garantías del manejo pulcro de los bienes del Estado”, puntualizó.
Las inspecciones se realizan de forma obligatoria, a partir del 1ro. de marzo del año en curso, en el marco de la normativa de la Contraloría que establece la fiscalización obligatoria de los alquileres y arrendamientos estatales, fortaleciendo el control previo sobre este tipo de contrataciones y aportando información técnica para la toma de decisiones de las instituciones públicas.
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