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NUEVA YORK.- La demanda contra la Junta Central Electoral (JCE), el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), y el Consulado dominicano en NY que lleva a cabo el equipo de abogados en la Corte Federal del Distrito Este de Pensilvania por hacerle un fraude electoral al postulado candidato a diputado por la circunscripción UNO en Estados Unidos, doctor Yomare Polanco, será bajo la Ley RICO.
A dicha demanda se le hizo una enmienda, agregando nuevos demandados, tanto de la República Dominicana como de USA, según lo expresaron el propio Polanco y uno de sus abogados, Albert Robles, durante una rueda de prensa el pasado fin de semana en el Canal TV América.
La Ley RICO fue aprobada por el Congreso-EUA (1970) “para erradicar el crimen organizado en territorio estadounidense y perseguir a los jefes de la mafia que se habían librado de ser procesados”.
La Ley puede utilizarse en demandas civiles para exigir responsabilidades por actividades ilícitas, y permite a los demandantes emprender acciones legales contra una serie de acusados.
Asimismo, triplica la cuantía de los daños, junto con los honorarios de los abogados, cuando tienen éxito.
Fue la misma Ley que el entonces fiscal de los EUA para el Distrito Sur de NY Rudolph Giuliani (1983-1989) utilizara para desmantelar y procesar federalmente a “jefes de la mafia” en NYC.
Los demandados por el equipo de abogados del doctor Polanco en EE. UU. son: Frank Cortorreal, Francisco Fernández, Emiliano Pérez, Luis Lithgow, Marcos Montilla, Félix A. Martínez (Ronny), Juan Aquino, José Mota, y Wilson Díaz.
También, Antonio Ayala, Ana Gratereaux, Francisco Cruz, Manuel Emilio Galván, Lourdes Fernández, Jesús Casanova, Pablo López, Miriam Marmolejo, Rafael Peña, Josefina Suero y Pedro González, altos dirigentes del PLD.
Asimismo, los excónsules Eduardo Selman y Carlos Castillo. Los funcionarios de la JCE en la circunscripción 1-USA: Johanna Tineo, Fernando Núñez, Sara Machado, Gisela Almonte y Sublime Larancuent.
Por la RD figuran: Julio César Castaño Guzmán y Gilberto Cruz Herasme, expresidente y exdirector del Voto Dominicano en el Exterior de la JCE, respectivamente; y Gonzalo Castillo, excandidato presidencial del PLD.
Además, Temístocles Montás, expresidente del PLD, y Alexis Lantigua, titular de la Secretaría de Dominicanos en el Exterior y del equipo técnico de la Comisión Organizadora de la Consulta (CONAP) del PLD, según consta en documento.
Los abogados de Polanco incluyen en la demanda, “este Tribunal tiene jurisdicción material sobre la RD bajo 28 U.S.C. §§1603(a), 1605(a)(5) y §1606, ya que el demandado es un estado extranjero, que no es inmune a cualquier demanda por daños monetarios, lesiones personales, muerte, daños o pérdida de propiedad, ocurrido en los EUA”.
Asimismo, añaden: “como se alega en esta demanda, el demandado RD a través de su funcionario Gilberto Cruz Herasme, sus otros empleados, agentes y cesionarios, causó daños en los EUA a la propiedad del doctor Polanco, quien es ciudadano estadounidense y residente de USA”.
“Que el monto de la controversia sin intereses y costas excede la suma de Cuatro millones de dólares. ($4,000,000.00)”.
El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Pensilvania también puede ejercer diversidad de jurisdicción sobre la presente acción de conformidad con 28 U.S.C. §1332 porque las partes son completamente diversas y el asunto en controversia excede de $75,000.00.
El lugar está ubicado correctamente en el Distrito Este de Pensilvania de conformidad con 28 U.S.C. §§ 1391(b)(1) y 1391(b)(2) porque los Demandados realizaron negocios en este distrito judicial donde ocurrieron una parte sustancial de los actos y/u omisiones que dieron lugar a las reclamaciones establecidas en el presente.
En general, de conformidad con las promesas y representaciones de los Demandados, el Demandante gastó una cantidad considerable de su propio dinero (~USD $ 3,500,000.00) para realizar varias campañas en 2012, 2016 y la suya propia en 2020.
El Demandante es una figura reconocida dentro de la comunidad dominicana y, en su larga carrera, se ganó varios enemigos políticos, incluido el demandado Cruz Herasme, un empleado del Gobierno dominicano designado para supervisar las elecciones dominicanas dentro de los EE. UU.
El demandante no sabía que sus opositores políticos habían establecido una empresa para sobornar a los funcionarios electorales y a los designados para contar, y si fuera necesario, volver a contar las papeletas.
La conducta de los Demandados Co-Conspiradores constituye un «patrón» de actividad de crimen organizado. 18 USC § 1961(5), dice en parte el voluminoso expediente.
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