Víctimas de la estafa inmobiliaria atribuida a INDISARQ, cuyo principal ejecutivo y acusado es Emmanuel Rivera Ledesma, demandan al Congreso de la República Dominicana la aprobación de leyes más severas que fortalezcan la lucha contra las estafas inmobiliarias y eviten que otros dominicanos vivan el calvario que ellos han enfrentado.
En un documento firmado, entre otros, por Fernanda Sena Ramos, Lina Zarete de Rivas, Serge Robert Pierre, Dayanara Borbón, Edwin Crescioni, Orquídea Ortiz Rosario, Mario Pérez Caraballo, Bethania Mateo Contreras, y Félix E. Almanzar Luis.
Piden actuar ahora. “Nuestros ahorros, sueños y tranquilidad no pueden seguir siendo el precio de un sistema que ha demostrado ser insuficiente para proteger a los ciudadanos”, señalan los estafados.
Agregan que resulta profundamente decepcionante que iniciativas tan importantes como una ley para fortalecer la lucha contra las estafas y brindar mayor protección a las víctimas se retrasen por falta de cuórum o por ausencia de compromiso legislativo.
Cada sesión que no se celebra, cada proyecto que se pospone y cada decisión que se aplaza deja a más familias expuestas a perder el patrimonio de toda una vida. Exigen a los legisladores asumir la responsabilidad para la cual fueron elegidos.
La protección de los ciudadanos no puede seguir siendo una prioridad olvidada; la República Dominicana necesita leyes firmes y efectivas que prevengan estos abusos y garanticen justicia para quienes, con trabajo duro y grandes esfuerzos, adquieren sus inmuebles en el país.
Su reclamo no está motivado por el rencor, sino por la convicción de que ningún dominicano debería volver a sufrir la incertidumbre, la impotencia y el abandono que ellos han padecido por un sistema que no ha respondido como debía.
El caso de INDISARQ, conocido judicialmente como Operación Nido, es conocido por el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional. El principal acusado, Emmanuel Rivera Ledesma, enfrenta cargos junto a otros implicados por presuntamente estafar a más de 500 personas mediante la venta de proyectos inmobiliarios inexistentes.
Según el Ministerio Público, el fraude supera los 235 millones de pesos, equivalentes a 10 millones de dólares, e involucra cargos por estafa, falsificación de documentos, asociación de malhechores y lavado de activos.
El juicio de fondo ha sufrido varios aplazamientos, situación que ha generado protestas y vigilias por parte de las víctimas frente al Palacio de Justicia del Distrito Nacional, exigiendo que el proceso avance con mayor celeridad.
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