Los jueces migratorios en Estados Unidos, que dependen del Departamento de Justicia (DOJ), dieron un respiro a 172,180 inmigrantes al cerrar sus casos en forma administrativa.
El hecho significa que esas personas no tendrán que enfrentar un proceso de deportación, según informó el Centro de Información y Acceso de Registros Transaccionales (TRAC) de la Universidad de Syracuse en NY y recoge la prensa hispana en la Gran Manzana.
El cierre administrativo es cuando el juez desestima en un juicio de inmigración los cargos que ha puesto la fiscalía para tratar de deportar al inmigrante.
Esta acción, que se convirtió en una prioridad de la Oficina de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR), ya había logrado imponer un récord en 2022, cuando se cerraron 47 % más casos que en 2019.
De seguir esta tendencia, entonces los jueces podrían lograr casi un millón de cierres administrativos, eso significará que la oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no podría deportar a esas personas, al menos por el caso establecido en ese momento.
Aunque es una buena noticia para los inmigrantes, en realidad eso no les otorga un estatus de protección, ya que deberán encontrar una forma legal para permanecer en territorio estadounidense.
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