Un juez federal bloqueó temporalmente el jueves la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que buscaba redefinir la ciudadanía por nacimiento, calificándola de “abiertamente inconstitucional” durante la primera audiencia en un esfuerzo de varios estados por impugnar la medida.
El juez de distrito John C. Coughenour interrumpió repetidamente a un abogado del Departamento de Justicia durante los argumentos para preguntar cómo podía considerar la orden constitucional. Cuando el abogado Brett Shumate respondió que le gustaría tener la oportunidad de explicarlo en una sesión informativa completa, Coughenour le dijo que la audiencia era su oportunidad.
La orden de restricción temporal solicitada por Arizona, Illinois, Oregon y Washington fue la primera en obtener una audiencia ante un juez y se aplica a nivel nacional.
El caso es una de cinco demandas presentadas por 22 estados y varias agrupaciones de inmigrantes en todo el país. Los litigios incluyen testimonios personales de varios fiscales que son ciudadanos estadounidenses por nacimiento, y de mujeres embarazadas que temen que sus bebés no serán ciudadanos estadounidenses.
Coughenour, nombrado por el expresidente Ronald Reagan, comenzó la audiencia interrogando a los abogados de la administración, diciendo que la orden “era desconcertante”.
“Esta es una orden abiertamente inconstitucional”, le dijo Coughenour a Shumate. Coughenour agregó que ha estado en el tribunal por más de cuatro décadas, y no podía recordar haber visto otro caso donde la acción impugnada fuera tan claramente inconstitucional.
Shumate dijo que respetuosamente no estaba de acuerdo y pidió al juez la oportunidad de tener una sesión informativa completa sobre los méritos del caso, en lugar de emitir una orden de restricción de 14 días que bloqueara su implementación.
Firmada por Trump el mismo día en que tomó posesión, la orden está programada para entrar en vigor el 19 de febrero. Podría afectar a cientos de miles de personas nacidas en el país, según una de las demandas. En 2022, hubo aproximadamente 255.000 nacimientos de niños ciudadanos de madres que vivían ilegalmente en el país y unos 153.000 nacimientos de padres en la misma situación, según la demanda presentada por cuatro estados en Seattle.
Estados Unidos está entre unos 30 países donde se aplica la ciudadanía por derecho de nacimiento —el principio de jus soli o “derecho del suelo”. La mayoría están en las Américas, y Canadá y México están entre ellos.
Las demandas argumentan que la Enmienda 14 a la Constitución garantiza la ciudadanía para las personas nacidas y naturalizadas en el país, y los estados han estado interpretando la enmienda de esa manera durante un siglo.
Ratificada en 1868 tras la Guerra Civil, la enmienda dice: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y sujetas a la jurisdicción del mismo, son ciudadanos de Estados Unidos y del estado en el que residen”.
La orden de Trump afirma que los hijos de no ciudadanos no están sujetos a la jurisdicción de Estados Unidos y ordena a las agencias federales a no reconocer la ciudadanía para los niños que no tienen al menos un padre que sea ciudadano.
Un caso clave sobre la ciudadanía por derecho de nacimiento se desarrolló en 1898. El Tribunal Supremo sostuvo que Wong Kim Ark, quien nació en San Francisco de inmigrantes chinos, era ciudadano estadounidense porque había nacido en el país. Después de un viaje al extranjero, se le prohibió entrar al país bajo el argumento de que no era ciudadano bajo la Ley de Exclusión China.
Pero algunos defensores de las restricciones migratorias han argumentado que ese caso claramente se aplicaba a niños nacidos de padres que eran ambos inmigrantes legales. Dicen que es menos claro si se aplica a niños nacidos de padres que viven ilegalmente en el país.
La orden ejecutiva de Trump llevó a los fiscales generales a compartir sus conexiones personales con la ciudadanía por derecho de nacimiento. Por ejemplo, el fiscal general de Connecticut, William Tong, ciudadano estadounidense por derecho de nacimiento y el primer fiscal general chino-estadounidense elegido en la nación, dijo que la demanda era personal para él.
“No hay un debate legal legítimo sobre esta cuestión. Pero el hecho de que Trump esté completamente equivocado no le impedirá causar un daño grave en este momento a familias estadounidenses como la mía”, declaró Tong esta semana.
Una de las demandas destinadas a bloquear la orden ejecutiva incluye el caso de una mujer embarazada, identificada como “Carmen”, que no es ciudadana pero ha vivido en Estados Unidos durante más de 15 años y tiene una solicitud de visa pendiente que podría llevar a un estatus de residencia permanente.
“Despojar a los niños del ‘tesoro invaluable’ de la ciudadanía es una grave lesión”, dice la demanda. “Les niega la plena membresía en la sociedad estadounidense a la que tienen derecho”.
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