A pesar de que la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, aseguró recientemente a los principales medios de comunicación de República Dominicana que la política contra inmigrantes ilegales del expresidente Donald Trump no afectaría a los dominicanos indocumentados residentes en la isla, la realidad ha demostrado lo contrario.
Hoy, las leyes federales de Estados Unidos, que se aplican íntegramente en Puerto Rico, dejaron en evidencia la fragilidad de dichas declaraciones. En una operación sorpresa, las autoridades federales llevaron a cabo una redada migratoria en el sector de Barrio Obrero, en Santurce, uno de los lugares con mayor presencia de inmigrantes en la capital puertorriqueña.
La redada ha generado preocupación y consternación entre la comunidad dominicana en Puerto Rico, muchos de los cuales viven bajo constante temor de ser deportados. Este hecho no solo contradice las palabras de González, sino que también pone de manifiesto la tensa relación entre las políticas migratorias estadounidenses y la realidad social en el territorio puertorriqueño.
Organizaciones comunitarias y defensores de los derechos de los inmigrantes han condenado el operativo, señalando que pone en riesgo a familias trabajadoras que han contribuido al desarrollo de Puerto Rico. Por su parte, la gobernadora no ha emitido declaraciones tras el incidente, dejando a la comunidad dominicana a la expectativa de futuras acciones gubernamentales.
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