La Alianza Dominicana Contra la Corrupción, ADOCCO, solicitó al Congreso Nacional posponer la entrada en vigencia de la Ley núm. 74-25, que instituye el nuevo Código Penal, con el propósito de abrir un proceso de revisión de aquellas disposiciones que, a su juicio, podrían afectar el ejercicio de la libertad de expresión, la libertad de prensa, libertad de empresa y el derecho de la ciudadanía a recibir información de interés público.
La entidad aclaró que no propone la derogación del Código Penal ni la eliminación de las sanciones destinadas a proteger el honor, la intimidad o la dignidad de las personas, sino la revisión de artículos específicos cuya redacción podría generar un efecto inhibidor sobre el ejercicio del periodismo y la actividad de los medios de comunicación.
ADOCCO manifestó su preocupación por las disposiciones que establecen la responsabilidad penal de las personas jurídicas y por la amplitud de algunos tipos penales, al considerar que podrían incentivar la autocensura en periodistas, directores, propietarios de medios y empresas dedicadas a la comunicación social.
La organización explicó que la posibilidad de imponer sanciones penales a empresas periodísticas por contenidos informativos, sin criterios diferenciados que reconozcan el ejercicio legítimo de la actividad periodística, puede afectar la investigación de asuntos de interés público y limitar el debate democrático.
ADOCCO entiende que la Ley núm. 74-25 que instituye en nuevo Código Penal, debe modificarse, para armonizar la responsabilidad penal de las personas jurídicas y el delito de ultraje con las garantías constitucionales de la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho a la información.
Debe contemplarse la modificación de varios de los artículos, con el objetivo de garantizar el ejercicio periodístico y de ciudadanía consciente, para que la responsabilidad penal recaiga sobre quienes actúen con dolo comprobado y evitar que las empresas periodísticas respondan automáticamente por publicaciones realizadas en ejercicio legítimo de la labor informativa.
La entidad señaló que la propuesta se fundamenta en la Constitución de la República Dominicana, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, procurando un equilibrio entre la protección de los derechos de la personalidad y la preservación de una prensa libre, responsable e independiente.
ADOCCO hizo un llamado al Congreso Nacional para abrir un espacio de diálogo con la participación de legisladores, representantes del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Ministerio Público, los gremios periodísticos, las universidades, gremios que agrupan las empresas que operan medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil, con el propósito de consensuar las modificaciones necesarias antes de la entrada en vigor del nuevo Código Penal.
«La democracia se fortalece cuando las leyes protegen simultáneamente la dignidad de las personas y el derecho de la sociedad a estar informada. Nuestro interés es contribuir a una legislación equilibrada, constitucionalmente armonizada y respetuosa de los estándares internacionales sobre libertad de expresión», Si no hay respuestas, habrá protestas, iniciando con un plantón en el parque Independencia, 30 días antes de entrada en vigencia, expresó la organización.
Finalmente, ADOCCO reiteró que una breve postergación de la entrada en vigencia del Código Penal permitiría realizar los ajustes necesarios para fortalecer la seguridad jurídica, evitar interpretaciones que puedan afectar el ejercicio periodístico y consolidar un marco legal que garantice tanto la protección de los derechos individuales como el pleno funcionamiento de una sociedad democrática.
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