SANTO DOMINGO. – El aspirante a senador por Monte Plata, doctor Asmín Aquino, solicitó al Gobierno transparentar los fondos directos que cobra en cada el peaje de la empresa concesionaria de la autopista Juan Pablo II, mejor conocida como del Nordeste o Santo Domingo-Samaná.
El candidato a senador por el Partido Nacional Voluntad Ciudadana (PNVC) dijo que duda que la empresa concesionaria de la autovía Santo Domingo-Samaná solo este recibiendo de manera directa por cobro de los peajes unos RD$1,200 millones anual, por lo que reiteró que constituye una “estafa vulgar” que el Estado dominicano tenga que pagar para el próximo año casi RD$5 mil millones del llamado peaje sombra.
Aquino explicó que el tránsito por dicha autopista fue creciendo con el paso de los años, por lo que el Gobierno debe ordenar realizar una auditoría explícita sobre los fondos directos que recibe la empresa concesionaria en cada estación de peaje en dicha vía.
En ese orden, expuso que a pesar de que los transeúntes deben realizar doble pago para pasar y regresar por esa vía ha aumentado de manera considerable el tránsito vehicular, por lo que sugirió a los organismos de controles financieros del Estado transparentar los fondos obtenidos por la empresa concesionaria de la vía, con el objetivo de reducir el monto del pago del peaje sombra para el año 2020.
No obstante, el prestigioso médico cirujano calificó como una burla el anuncio del Congreso Nacional de que está preocupado por el contrato del peaje sombra de la autovía Santo Domingo-Samaná, al precisar que el primer Poder del Estado es que ha aprobado cada año el pago del fraudulento convenio.
En tal sentido, Asmín Aquino emplazó a los legisladores, especialmente a los representantes de Monte Plata, actuar en consecuencia y no darle larga a la problemática, así como de exigir al Poder Ejecutivo, mediante su consultor jurídico, recurrir ante los tribunales competente la revisión de dicho contrato.
Finalmente, instó al Gobierno instruir a la Procuraduría General de la República, mediante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) el proceso de sometimiento a la acción de la justicia de los funcionarios que firmaron dicho contrato, por constituir una estafa para el país.
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