El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), presidido por el jurista Vidal Trajano Potentini, valoró como un paso positivo la decisión del Gobierno dominicano de mantener abierto el proceso de revisión del recién promulgado Código Penal, mediante la conformación de una comisión integrada por destacados juristas que tendrá la responsabilidad de estudiar posibles modificaciones y perfeccionamientos a la nueva legislación.
Potentini sostuvo que la disposición del Poder Ejecutivo de escuchar observaciones y promover nuevas enmiendas constituye una muestra de apertura institucional que fortalece el proceso legislativo y permite corregir disposiciones que, a juicio de diversos sectores jurídicos, requieren ser revisadas para garantizar el respeto de los derechos fundamentales y la seguridad jurídica.
El presidente del CARD expresó que la institución recibe con satisfacción la creación de esta comisión de alto nivel, integrada por profesionales del Derecho de amplia trayectoria, al considerar que representa una oportunidad para que sean atendidos los planteamientos formulados por el gremio de los abogados durante la discusión del Código Penal en el Congreso Nacional.
Entre esos planteamientos, Potentini destacó de manera especial la revisión del artículo 310, relativo al denominado ‘ultraje en el Ámbito Jurisdiccional’, disposición que el Colegio de Abogados considera incompatible con el libre ejercicio de la profesión y con el derecho constitucional de defensa. El dirigente gremial sostuvo que la tipificación penal contenida en ese artículo representa una amenaza para la independencia profesional de los abogados y podría generar restricciones indebidas al ejercicio de la defensa técnica dentro de los tribunales.
Afirmó que el Colegio de Abogados entiende que dicha disposición vulnera la dignidad del profesional del Derecho y crea un ambiente que podría afectar la libertad con que los abogados deben ejercer la representación de sus clientes ante los órganos jurisdiccionales.
En ese sentido, informó que la institución mantendrá todas las acciones legales emprendidas contra esa disposición, incluyendo el proceso actualmente depositado ante el Tribunal Constitucional.
Potentini recordó que el CARD ya interpuso un recurso constitucional acompañado de una solicitud de medida cautelar o anticipada, mediante la cual procura que la aplicación del artículo 310 sea suspendida provisionalmente mientras el alto tribunal conoce el fondo del caso.
El presidente del gremio reiteró que la defensa de este tema constituye una posición institucional invariable y aseguró que el Colegio de Abogados agotará todas las vías legales y constitucionales disponibles para procurar la corrección de esa figura penal. Asimismo, anunció que las observaciones elaboradas por el CARD serán presentadas formalmente ante la comisión creada por el Poder Ejecutivo, incluyendo las propuestas que previamente fueron sometidas durante el proceso de discusión legislativa en el Congreso Nacional.
Explicó que, además del cuestionado artículo 310, el Colegio considera necesario revisar otras disposiciones contenidas en el nuevo Código Penal, entre ellas los artículos 29, 335 y 338, por entender que también inciden directamente sobre el ejercicio profesional del Derecho y requieren una evaluación técnica más profunda.
Potentini señaló que la institución continuará desempeñando el papel consultivo que le reconoce la Ley núm. 3-19, contribuyendo con propuestas dirigidas al fortalecimiento del ordenamiento jurídico nacional. En ese contexto, informó que el gremio mantendrá el proceso de socialización del nuevo Código Penal en todo el territorio nacional mediante encuentros, conferencias y jornadas de análisis con sus distintas seccionales. Indicó que ese esfuerzo busca no solo divulgar el contenido del Código Penal, sino también recoger las inquietudes de la comunidad jurídica para convertirlas en propuestas concretas que puedan contribuir al perfeccionamiento del texto legal.
La posición fijada por el Colegio de Abogados reafirma el compromiso de la entidad con la defensa de la independencia de la abogacía, el respeto al debido proceso y la protección del derecho de defensa, al tiempo que respalda la apertura del Gobierno para continuar perfeccionando el nuevo Código Penal mediante el diálogo con los distintos sectores de la sociedad jurídica.
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