SANTO DOMINGO.- La Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD) aseguró que la disolución del Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS) implicaría una amnistía encubierta por más de 300 mil millones de pesos a favor de los empresarios evasores de la ley 18-96.
Explica el gremio sindial que durante varias décadas dejaron de pagar cotizaciones a esa entidad lo que afecto el servicio de salud y pensiones a los trabajadores.
Jacobo Ramos, presidente de la CNTD sostuvo que antes de eliminar el gobierno debe aclarar las deudas pendientes de los empresarios con el IDSS, a menos que con ellos exista un acuerdo.
Ramos anunció que esa organización no se quedará de brazos cruzados y se movilizará en distintas provincias del país para protestar por una medida que estima afectará a millares de dominicanos que reciben atenciones médicas en una institución que por décadas le ha garantizado ese servicio.
“No le corresponde al gobierno realizar amnistías encubiertas que afectan los derechos de los trabajadores y premian a aquellos empresarios que deben pagar el pasivo actuarial de la reforma que realizamos en el año 2001 mediante la ley 87-01”, indicó Ramos.
Aseguró que si se pretende una nueva reforma a la seguridad social que incluya la disolución del IDSS, hay que obligar a los empresarios evasores que adeudan un pasivo actuarial conforme lo dispone la ley 87-01, que paguen la deuda para que el trabajador no sea siempre la víctima de las reformas.
Ramos dijo que pese a que la ley de seguridad social establece en su artículo 42 sobre la deuda actuarial del sector empleador con el IDSS y sus formas de pago, nunca la han cumplido, lo que implica que desde hace 18 años los empresarios se han colocado por encima de la ley en perjuicio de los trabajadores.
En ese sentido citó el párrafo 11 del citado artículo que dice: “En un plazo no mayor de noventa (90) días a partir de la vigencia de la presente ley, el IDSS notificará legalmente a los empleadores con deudas atrasadas con el régimen de pensiones de la ley 1896 y les otorgará un plazo de treinta (30) días a partir del día siguiente de dicha notificación para cubrirla totalmente sin penalidad ni recargos. En su defecto, el empleador podrá firmar convenios de pago mensuales durante un límite de seis meses pagando una tasa de interés del tres por ciento (3%) mensual sobre el saldo insoluto. Estos recursos serán destinados a cubrir parte del pasivo actuarial e invertidos para fines de acumulación”.
Añadió que pese a esas violaciones de parte de los empresarios, ahora el gobierno pretende premiarlos con una amnistía fiscal, lo que sería como una invitación a continuar con su práctica de irrespetar las leyes.
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