Isaías Ramos, presidente fundador del Frente Cívico y Social (FCS), advirtió hoy que la reciente promulgación de la Ley No. 74-25, que contiene el nuevo Código Penal, marca “el paso definitivo de la República Dominicana de un Estado corporativo a un Estado de terror”, al criminalizar la protesta pacífica, blindar a los corruptos y garantizar la impunidad del saqueo al patrimonio público.
Ramos señaló que el artículo 384 de la nueva ley, al tipificar la “insurrección” con la ambigua frase “cualquier violencia colectiva”, permite que cualquier ciudadano que proteste pacíficamente pueda ser condenado a 30 o 40 años de prisión, una pena superior a la impuesta por homicidio y mayor que la de regímenes dictatoriales, “acercándose a la severidad de un régimen sanguinario como el de Corea del Norte”.
Asimismo, calificó el artículo 308, que establece la prescripción de los crímenes contra el patrimonio público a los 20 años, como “la mayor ley de blanqueo legal de ladrones de la Nación en nuestra historia republicana”, en abierta violación a la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, que exige la imprescriptibilidad de estos delitos.
“Esta partidocracia, que reiteradamente incumple e ignora la Constitución, toman el nombre de Dios en vano al jurar cumplirla mientras aprueba leyes que la pisotean. Han legislado para proteger a los corruptos, traidores y saqueadores, y para reprimir al ciudadano que se atreva a fiscalizarles”, afirmó Ramos.
El dirigente cívico recordó que la Constitución en sus artículos 6, 7, 22.5, 49 y 75.12 garantiza la supremacía de la ley fundamental, el carácter del Estado Social y Democrático de Derecho, la libertad de expresión y el deber de denunciar y sancionar la corrupción. “Con esta ley, todos esos derechos quedan en papel mojado”, advirtió.
Finalmente, Ramos hizo un llamado a toda la ciudadanía a organizarse y participar en candidaturas independientes que tengan como objetivo hacer realidad la Constitución y rescatar el Estado Social y Democrático de Derecho.
“Protestar no es insurrección. Denunciar no es difamar. Defender el patrimonio público es un mandato constitucional y un deber moral. Si hoy callamos, mañana ya no habrá libertad que defender. ¡Despierta RD!”, concluyó.
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