El Ministerio Público disminuyó a seis como medida de coerción para los encartados y mantiene su solicitud de 18 meses de prisión preventiva contra los 20 imputados en el supuesto entramado de corrupción administrativa desmantelado por la Operación Calamar,
El Ministerio Público disminuyó a seis meses de prisión preventiva como medida de coerción son para los exministros de Hacienda, Donald Guerrero; administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta y de Obras Públicas, Gonzalo Castillo.
También, contra el excontralor general de la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo y Aldo Antonio Gerbasi.
La disminución de posibles nuevos huéspedes para las cárceles de la República Dominicana se produce por acuerdos del órgano persecutor con los 14 imputados restantes, muchos de ellos admitieron responsabilidad en los hechos imputados.
El Ministerio Público dice del imputado Ángel Donald Guerrero Ortiz, que éste, “aprovechándose de su cargo y de los fondos públicos que administraba como ministro de Hacienda durante la gestión 2016-2020, ideo y creó un plan criminal para extraer fondos del Estado en su provecho personal, y financiamiento de las elecciones internas, municipales y presidenciales del Partido de Liberación Dominicana (PLD), de cuyo Comité Central es miembro”.
El órgano de persecución estableció que José Ramón Peralta, se valió de su cargo de ministro Administrativo de la Presidencia para colisionares con otros miembros de esta estructura para desplegar la operación de distraer cientos de decenas de miles de millones de pesos del Estado.
Al excandidato presidencial del PLD y exministro de Obras Pública lo acusa el Ministerio Público de recibir grandes cantidades de dinero efectivo para su campaña política, “a sabiendas de su procedencia ilícita”.
Según el expediente, el excontralor de la República, Daniel Omar de Jesús Caamaño Santana, faltó a su deber de debido cuidado, control y fiscalización de los fondos públicos, al autorizar la emisión de los pagos por concepto de compra de terrenos, amparados en cartas constancias, y aceptar como buenas y válidas negociaciones con personas sin calidad, y conscientes de esto procedieron a retener una ínfima parte de la suma pactada, equivalente a un 20 % del precio convenido, hasta tanto regularizaran los requisitos exigidos en una buena Administración Pública.
Del exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirillo Mcabe, el Ministerio Público dijo que mientras ostentó el cargo prevaricó y se coalicionó junto al exministro de Hacienda, el exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña y demás funcionarios públicos imputados, para realizar de manera de fraudulenta la compra de terrenos.
El órgano persecutor refiere de Aldo Antonio Gerbasi, que este era el asesor legal del Ministerio de Hacienda y desempeñó, de manera interina, la función de director del Departamento de Reconocimiento de Deuda Administrativa.
Cita el organismo, que, a través de esta última función, se aseguraba que los expedientes de expropiación solicitados por el imputado Ángel Donald Guerrero Ortiz fueran validados, aun cuando no estaban completos o no cumplían con los requisitos legales.
Para la Procuraduría Especializada de la Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) estos hechos constituyen los siguientes delitos: asociación de malhechores, lavado de activos, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedentes, entre otros.
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