Por Arismendi Diaz Santana
Durante 7 décadas, el sistema público de salud ha operado en contra de las necesidades de la población más pobre promoviendo la privatización: salarios médicos sin resultados, horarios limitados, huelgas, clientelismo, corrupción y desabastecimiento, con bajos indicadores y un elevado gasto familiar de bolsillo
- Contratación sin garantías de resultados. A pesar del eslogan “en salud, primero la gente”, los médicos son contratados sin garantía de dedicación, ni rendición de cuentas. Para muchos, una premiación al ausentismo y a la falta de ética.
- Horarios doblemente limitados. La jornada médica se limita a 4 horas de lunes a viernes, quedando reducida a unas dos horas dos días a la semana, a pesar de que los problemas de salud se presentan a cualquier hora. Los médicos pasantes y ayudantes tratan de dar lo mejor de sí por los pacientes, sin poder reducir la mortalidad materno infantil y general.
- Amplios Incentivos improductivos. Los médicos reciben pagos extras de hasta un 20% por antigüedad, localización y riesgos, sin ningún incentivo por la dedicación, el desempeño y la satisfacción de los pacientes. En cambio, en el sector privado esos médicos ganan de acuerdo a la cantidad y satisfacción de los afiliados. La mayoría cumple y trabaja duro, pero recibe lo mismo que los demás. Ahí está la diferencia.
- Asimetría en la relación médico-paciente. El afiliado contributivo recibe una atención a tiempo y más personalizada porque su elección del médico determina sus honorarios y copagos. En cambio, la atención en el hospital suele ser muy diferente dado que su salario es fijo y no depende del paciente. La mayoría de los médicos determina libremente cuándo acudir al hospital, durante cuánto tiempo y a cuántos pacientes atender. En cambio, la situación cambia notablemente cuando los recibe en su consultorio privado.
- Discontinuidad de los servicios. Las frecuentes huelgas médicas violentan el derecho constitucional al cuidado de la salud, fomentando la afluencia a las clínicas privadas de los propios médicos huelguistas. La seguridad de un salario fijo y sin rendición de cuenta, fomenta las huelgas, la privatización y el gasto familiar de bolsillo.
- Graves conflictos de intereses. Según una encuesta de ADESA, el 62% de los directores de hospitales es director o dueño de una clínica privada. A mayores carencias, deficiencias, discontinuidad y baja calidad, mayor afluencia a sus clínicas privadas y mayores ingresos, en un claro conflicto de intereses. La iglesia en manos de Lutero. Es un secreto a voces la “perdida” de equipos y los daños provocados, para obligar a los pacientes públicos a acudir a las clínicas privadas.
- Impotencia gerencial. Los directores de hospitales no influyen en la selección de los médicos ni de los directores de departamentos. Carecen de autoridad real para premiarlos o sancionarlos. Las pocas veces en que un ministro de Salud ha cancelado a médicos incumplidores ha sido desautorizado, minando su autoridad obligándolo a reponerlos ¿Qué director se atreve a hacerlo? Un general impotente, sin ninguna autoridad ni control sobre sus tropas.
- Designación politizada. Los directores de hospitales son designados más por sus méritos políticos que por su capacidad y experiencia gerencial. Salvo honrosas excepciones estos directores son controlados a control remoto desde la cúspide. Y suelen ser despedidos arbitrariamente, aunque hayan realizado una labor eficiente y a favor de los afiliados.
- Concentración de las decisiones. Mientras la gerencia de la clínica privada tiene el control del mantenimiento, las compras y los suministros, en el sector público estas funciones están concentradas en la sede central, en manos de burócratas que desconocen los problemas de los hospitales y las necesidades de los pacientes.
- Ausencia de auditorías externas independientes. No se conocen auditorías externas independientes que evalúen la eficiencia y transparencia en la asignación de los recursos, los resultados obtenidos y la relación costo/beneficio Los controles existentes están a cargo de los propios médicos con roles de jueces y partes, bajo la amenaza de un Comité disciplinario del CMD.
Estas 10 normas improductivas perpetúan un sistema de salud contrario a las demandas de la gente común, relegando a los pacientes a un rol pasivo y secundario. Como la Ley 42-01, General de Salud, no introdujo cambios estructurales, la Ley 87-01 de Seguridad Social sí lo hizo, otorgándole a los afiliados capacidad para asignar los recursos según su nivel de satisfacción. Por eso la primera es bendecida, mientras la segunda es permanentemente cuestionada y satanizada.
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