El presidente Abinader sometió recientemente a la Cámara de Diputados un contrato de préstamo, con el Banco Interamericano de Desarrollo, por 400 millones de dólares para invertirlos en un Programa Integral de Agua Potable en Punta Cana, convertido hace algún tiempo en Distrito Municipal, pero en la práctica opera como una empresa privada del sector turístico.
Es importante que el turismo continúe desarrollándose en nuestro país, por las manos de obra que demanda y su aporte sostenido al crecimiento del Producto Interno Bruto cada año. Sin embargo, no corresponde al Estado dominicano involucrarse en una inversión, en la cual incrementa la deuda externa, para beneficiar directamente a determinados empresarios dominicanos, por más que se pretenda envolver el proyecto con un largo y hermoso nombre y que supuestamente sería ejecutado por el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado (INAPA).
Esa inversión despierta sospecha.
Nunca se ha sabido de escasez de agua en Punta Cana. Y de ser real ese no es el problema de un gobierno que priorice las verdaderas necesidades de su población. Si el presidente de la República desea conocer los barrios y sectores que carecen de agua potable se le pueden citar decenas de las regiones suroeste y noroeste.
En el propio Gran Santo Domingo, por los bajos niveles de la Presa de Valdesia, la escasez es crítica en Herrera, Las Caobas, El Café, Pantoja, Los Alcarrizos, Ciudad Juan Bosch, Los Mameyes, Villa Duarte, Los Farallones, Calero, El Pensador, Invivienda, Ensanche Isabelita, Los Tres Brazos, Puerto Rico, El Tamarindo, Brisas del Este, Las Enfermeras, Jardines del Ozama, Mil Flores, Riviera del Ozama y Perla Antillana. En esos lugares se sufren interrupciones recurrentes debido a fallas en la maquinaria de distribución y las familias se ven obligadas a comprar camiones del preciado líquido.
En el municipio de Guerra, de igual manera, se reporta falta de agua potable en El Capacito, Los Prados de la Caña y Sector Fao. En el municipio de Andrés Boca Chica también se denuncia ausencia de agua en Los Tanquecitos, Sinaí, Santa Lucía, Villa Panamericana, Los Dominicanos Ausentes, Monterrey, La Bobina, La libertad y Las Mercedes.
Presidente Abinader: otros lugares donde no hay una gota de agua pertenecen a Santo Domingo Norte. ¡Ahí van! barrio Inespre, Enriquillo, Santa Cruz, Villa Satélite, Los Guarícanos, La Esperanza, Los Trinitarios, La Colina, La Piscina, Nueva Isabela, El Torito, Salomé Ureña, Cacique y Los Platanitos. En los barrios citados se ha reportado la falta del líquido hasta por dos meses, pero la solución de ese problema no está dentro de las prioridades del jefe de Estado. Y lo más probable es que concluya los dos períodos sin dotar de agua a esos poblados. No está en su agenda. En su agenda hay otros casos.
Me he limitado a citar ciertos lugares del Gran Santo Domingo, pero esa misma escasez se registra en todas las provincias y municipios del país, una evidente muestra de que no estamos en el paraíso que describió Abinader en su discurso del 27 de febrero, en el cual anunció decenas de obras que solo están en su cabeza. Fue desmentido en todas las provincias y municipios.
En un país sin agua potable, con las alcantarillas tapadas, que cada vez que llueve es una tragedia nacional, es una falta de honestidad, de transparencia y un abuso inaceptable que se continúe tomando empréstitos internacionales sospechosos, priorizando intereses privados, como en efecto se hizo desde el inicio con los famosos fideicomisos, que solo han servido para el desvío de patrimonios públicos a sectores empresariales.
Es la razón por la que todos los presidentes honestos del continente los eliminaron. “El que quiera empresa que la levante con sus recursos”, dijo en una oportunidad Andrés Manuel López Obrador.
¿Cómo permitir que un país sin agua potable se tome un empréstito de 400 millones de dólares para ser destinado al único distrito municipal, de todo el país, que tiene carácter privado y cuyo dueño es el empresario Frank Rainieri?
Con el dinero que el presente gobierno ha tomado prestado –que es mayor a la sumatoria de todos los empréstitos que cogieron las administraciones anteriores– es para que los problemas de salud, educación, agua potable, viviendas, alimentación y energía eléctrica (entre otros) estén resueltos. Sin embargo, las inversiones, entiéndase obras de infraestructura, que contribuyan al desarrollo de República Dominicana brillan por su ausencia. No hay presas nuevas, puentes, avenidas, carreteras, elevados, hospitales, escuelas, nada…
Y en el presupuesto de 2026 no se incluyó cinco centavos para la limpieza de las alcantarillas, mucho menos se han construido nuevas en aquellos lugares donde se produce mayor acumulación de agua al llover.
Todo el dinero que se recauda se destina a gastos corrientes, como en efecto es el pago de una hipertrofiada nómina pública, publicidad gubernamental e irritantes pensiones a personas que nunca han dado un golpe en la administración pública.
Todo es un engaño. El proyecto del Monorriel de Santiago está administrado precisamente por un fideicomiso, que adjudicó la obra a la compañía ferroviaria francesa Alstom-Sofratesa, sin licitación pública, lo que violenta la ley 340-06, aparte de ser una empresa de mala reputación ética, objetada judicialmente en el año 2012 por el extinto José Rafael Abinader, padre del jefe de Estado, y el abogado Emmanuel Esquea Guerrero.
Simultáneamente se insiste sobre las “bondades” de la explotación de oro, cobre, plata y zinc en San Juan con la compañía Gold Ques, de capital canadiense y suizo, pese a que la población está alertada de los daños medioambientales, al contaminar ríos, debido a la liberación de metales pesados y el cianuro utilizados en el proceso de extracción, que a su vez provoca degradación de suelo, deforestación y enfermedades en los habitantes de poblados cercanos.
El dinero se lo llevan y la gente de San Juan se queda sin agua potable y enferma. Ese es un proyecto oscuro, como oscuros son el Monorriel de Santiago y el agua para Punta Cana.
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