Por David R. Lorenzo
El pasado sábado 31 de mayo estuve como de costumbre participando en la asamblea de nuestro Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) y escuché los informes que presentaron los presidentes del Comité Ejecutivo de la agrupación y del Instituto de Previsión y Protección del Periodista (IPPP), Aurelio Henríquez y Olivo de León, respectivamente.
En la asamblea no quise intervenir sobre esos informes porque estaba enfocado en la escogencia de la Comisión Electoral, que creía que podría ser de consenso entre los movimientos que vamos a participar en las elecciones del 31 de agosto venidero, lo que no se hizo por el sectarismo a ultranza de varios dirigentes del Movimiento Marcelino Vega, que se creen dueños del CDP, pero, de eso y otras cosas, hablaremos en los próximos artículos.
Inicio con la rendición de cuentas del IPPP, leída por Olivo de León, de la cual me llamó la atención varias cosas. La primera fue la información que han distribuido 800 raciones de alimentos, aunque no dice qué institución del Estado se las donó, pero suponemos que fue el Plan Social de la Presidencia.
También, informó que “el 27 de septiembre de 2024, junto a representantes de Supérate y de la Administradora de Subsidios Sociales (ADSS) entregamos tarjetas a periodistas y familiares con las cuales adquieren alimentos en supermercado y colmados del país”.
Aunque sí debo confesar, que, en una tarde de diciembre pasado, estando en local del CDP, vi a un viejo dirigente del Movimiento Marcelino Vega y ex presidente del CDP salir con una funda de alimentos, de las que dona el Plan Social de la Presidencia.
Al verlo dije: esta gente está distribuyendo esos alimentos a hurtadillas entre ellos mismos y al estilo “como solos”. Pero, no hice ningún reclamo para que no se viera que tengo algún interés de ser beneficiado con algo así. Además, porque estoy cansado de combatir prácticas como esa, sin resultados.
Después de eso, no vi que esos alimentos y tarjetas se distribuyeran a los periodistas en las fiestas navideñas del CDP o del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), ni en las festividades de la semana del periodista en el mes de abril. Todo fue de forma clandestina, sectaria, personal y fuera de lo institucional, como es su costumbre.
Así las cosas, no hay dudas de que hasta cosas tan sencillas como es la distribución de una funda con alimentos y una tarjeta para compra de productos, donadas por el Gobierno, dentro del Movimiento Marcelino Vega se maneja de forma clandestina y de la manera más sectaria posible, porque no hay forma de que tengan el mínimo sentido de la transparencia, de democracia y de participación de todos.
Otro aspecto que también salió a relucir fue la denuncia que hizo la tesorera del IPPP, Siddy Roque, de que a pesar de que es la responsable del recibimiento y erogación de fondos, no sabía el por qué en el informe del presidente, se informa de un gasto de 161 mil pesos por compensación a directivos, que ella desconoce, lo que indica que hasta las finanzas de la institución se maneja de forma personal y no colectiva, y de manera sectaria y sin control, como ha sucedido en otras gestiones.
Por igual, es penoso que el IPPP no tenga capacidad económica para resolver los problemas de salud a ningún periodista. En su informe Olivo dice que esa institución asistió en casi un año a 9 periodistas con un monto de 34 mil pesos para compra de medicamentos, asistencia médica y gastos funerarios, lo que equivale a un promedio de 3,788 pesos para cada uno.
Pero, para ser justo, Olivo no tiene la culpa de que el CDP y el IPPP sean dos instituciones indigentes, eso es responsabilidad de todos los que hemos sido dirigentes de esas organizaciones, que hemos sido incapaces de luchar por una verdadera ley de colegiación.
Otro aspecto a destacar, pero que es viejo, es la confección del listado de periodistas propuestos a ser pensionados por el Poder Ejecutivo. Esa es otra barbaridad. Este grupo, principalmente De León, no le da participación a nadie que no sean ellos mismos, y confecciona un listado que constituye una estafa al Estado, con personas que no califican para una pensión, o que nunca han pisado la sede de la agrupación y con otros que ni siquiera son miembros del CDP, en detrimento de viejos dirigentes y militantes que están en espera de ser favorecidos con esa medida.
Lo grande del caso, a pesar a todo eso y la debilidad económica, moral e institucional del CDP y del IPPP muchos de estos dirigentes, algunos con escasos principios éticos, se matan por dirigirlas, creen que son propiedades exclusivas de ellos o de su grupo; la secuestran y la estrangulan hasta sacarle la última gota de sangre ¡Qué pena!
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