Por Arismendi Diaz Santana
Nuestra Fundación valora la promesa presidencial de un aumento general de los salarios de los servidores públicos, porque se lo merecen y necesitan, porque reducirá las brechas y las desigualdades sociales y porque fortalecerá la lucha contra la corrupción administrativa
El presidente Luis Abinader consideró que los empleados públicos se merecen y necesitan un aumento salarial. Tenemos «una deuda pendiente con esos servidores, especialmente con el segmento de menores ingresos, y estamos evaluando el momento para ese incremento salarial”.
Recordó que esa propuesta estaba en el proyecto de reforma fiscal que fue retirado en octubre de 2024. «Nosotros estamos viendo cuando podamos hacerlo, quizás con el nuevo presupuesto». Esta decisión es coherente con su política de favorecer aumentos regulares a los trabajadores privados y públicos.
El Comité Nacional de Salarios (CNS) aumentó un 25 % y un 30 % al salario mínimo de los empleados del turismo. Además, a finales de abril aprobó un aumento del 25 % al salario mínimo de los trabajadores de zonas francas, en ambos casos en forma escalonada.
En el sector público existen tres grandes políticas salariales y prestaciones: 1) una amplia libertad de aumentos de los poderes Legislativo y Judicial y de las instituciones autónomas y descentralizadas; 2) incrementos recurrentes a los médicos y maestros, como resultado de paros de los servicios públicos esenciales, y 3) congelamiento prolongado para los empleados públicos del Poder Ejecutivo y de los municipios.
Y, desde luego, esas diferencias discrecionales también se aplican a las pensiones y a su indexación regular. En pocas palabras, tenemos un Estado profundamente segmentado que fomenta la desigualdad y la inequidad, que se cimenta en la toma de decisiones en función de la autonomía y de la capacidad de presión de cada segmento de la administración pública.
Reducir la segmentación, las brechas y las desigualdades salariales
Las demandas salariales al Poder Ejecutivo han sido muy tímidas debido a la falta de organización de los servidores públicos, a diferencia de lo que ocurre con los médicos, los maestros y los demás poderes del Estado. Resultado: ningún aumento general, a pesar de que los precios se han elevado en más de un 60% desde el 2015.
Todavía una buena parte de los técnicos y empleados administrativos, incluso de Salud Pública y de Educación, perciben salarios entre 12,100 y 20,000 pesos, equivalentes a menos de la mitad del costo de la canasta familiar, según el Banco Central.
En este período gubernamental, los médicos, los maestros y la UASD han recibido aumentos entre un 55% y un 45%, desigualdades ostensibles Mientras los empleados de la UASD están incluidos y se benefician, los empleados y técnicos de Salud y Educación son marginados.
El salario mínimo de los demás servidores públicos sólo registra dos aumentos al pasar de 5,117 en el 2020 a 10,000 pesos en la actualidad. Los salarios de los demás empleados públicos permanecen congelados, a pesar del alza de más del 40% del índice de precios al consumidor y del costo de la canasta familiar.
Igual congelamiento sufre la gran mayoría de los pensionados y jubilados a cargo del Estado. Durante más de una década estas pensiones han perdido mucho poder adquisitivo, debido a que sus montos nunca han sido actualizados para preservar su nivel de vida, a pesar del mandato de la Ley 87-01.
Los aumentos prometidos por el presidente Luis Abinader no sólo constituyen un acto de justicia social y de equidad orientados a reducir las brechas existentes, sino, además, un complemento necesario en la lucha contra la corrupción y en el adecentamiento de la administración pública a todos sus niveles.
De concretar esta promesa el presidente Luis Abinader se convertirá en el primer mandatario en decretar un aumento general de salarios del Poder Ejecutivo y del Poder Municipal, desde el 2004.
Nuestra Fundación apoya esta iniciativa “porque se lo merecen y lo necesitan”, porque reducirán las brechas y desigualdades sociales, y porque fortalecerán la lucha contra la corrupción administrativa.
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