A raíz del golpe de Estado al gobierno del Presidente constitucional y demócrata del Profesor Juan Bosch Gabiño, perpetrado el 25 de septiembre del año 1963, con apenas siete meses de gestión; de tirar al zafacón la Constitución del 63, con la que gobernó al país con pulcritud y transparencia, considerada la más progresista, moderna y la de mayor justicia social, la República Dominicana retrocedió, según los entendidos, más de cincuenta años, en lo económico, en lo político, social e institucional.
Ese acontecimiento nos ha salido bastante costoso, pues en cuanto a la educación, justicia, salud pública, medio ambiente, seguridad social y ciudadana, energía eléctrica, agua potable y control migratorio, es muy poco lo que hemos avanzado.
Los distintos poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como en lo municipal, tienen muchas falencias y debilidades, lo propio, la mayoría de las leyes existentes, pues muchas ya están desfasadas y otras, fueron aprobadas al vapor, atendiendo a intereses particulares o partidarios, por lo que han tenido que ser revisadas casi de inmediato, pues conllevan a la comisión de errores e improvisaciones, que riñen con la Constitución de la República.
Una muestra de ello lo constituye la ley No.33-18 sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos y la Ley General No. 20-23, sobre el Régimen Electoral Dominicano.
Ningún funcionario electo por el voto popular, sea presidente o vicepresidente de la República, senador, diputado o alcalde municipal, deberá renunciar a su posición, a menos que sea por problemas graves de salud, enajenación mental o porque se encuentre sub iudice de la justicia, por la comisión de un hecho grave, violatorio a las leyes, jamás para perseguir intereses particulares o partidarios.
Esto constituye una violación a la constitución de la República y una estafa a la población votante que confió plenamente en él para que lo represente dignamente en la posición pública para la cual fue electo. De ahí que, en el futuro, los electores deben tener sumo cuidado a la hora de escoger a sus representantes y tener siempre presente en quién o quiénes confiar.
El gobierno del Presidente Luis Abinader Corona se ha caracterizado por tomar una serie de medidas improvisadas y lzigzagueantes, que por desconocimiento o falta de asesoría, ha tenido luego que echarlas para atrás por improcedentes, violatorias a las leyes, desatinadas e inadecuadas, las cuales les han generado muchos ruidos y críticas hasta en su propio partido.
Los casos más sonoros han sido los del señor Carlos Pimentel, que además de su designación como Director General de Compras y Contrataciones Públicas (DGCP), fue también designado como Director General de Alianzas Público-Privada (DGAPP).
Recientemente el Alcalde electo por tres periodos consecutivos por el Municipio de La Vega, el señor Kelvin Cruz Cáceres, fue designado como Ministro de Deportes, lo que produjo un caos en su partido (PRM), a su salida, para la escogencia de su sustituto.
En la semana pasada fue escogido el señor Geovanny Hernández (Geovanny Frutas) como Director Provincial de Deportes de La Vega. No bien fue juramentado, con la presencia de todas las autoridades políticas y deportivas de la provincia, dicho señor fue sustituido por el señor Miguel Adames, bajo el argumento de que es contratista del Estado a través del INABIE, algo que pudo evitar.
En esta misma semana, el diputado del PRM, también electo por tres períodos consecutivos en la provincia de La Vega, el Dr. Agustín Burgos Tejada, fue designado como Director Ejecutivo del Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (INDOPPRIL), en sustitución del Dr. Fausto López Solís.
La Cámara de Diputados, que para muchos es
un privilegio y un espacio para representar, fiscalizar y legislar a favor de sus comunidades y del pueblo dominicano, para otros es una oportunidad para lograr ciertos intereses personales. Se esperan otros momentos difíciles aquí en La Vega, en el partido de gobierno, para la escogencia del sustituto del diputado Brugos.
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