Con el acuerdo soterrado realizado entre el señor Maxy Montilla Sierra y el Ministerio Público, para que este quede libre de culpas y evitar ser sometido a la acción de la justicia por supuestos actos de corrupción, a cambio de la devolución al Estado dominicano de una suma que supera los 3 mil millones de pesos, se envía una señal equivocada al país y a las presentes y futuras generaciones.
Este acuerdo incluye, además, la devolución de una propiedad inmobiliaria, al pago de más de 431 millones de pesos a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y una indemnización de 600 millones de pesos a las distintas EDES.
El mismo fue homologado por el juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, bajo el criterio de oportunidad, establecido en la ley y fue presentado a través de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
Una vez más, con este accionar, este estamento del Poder Judicial envía una mala señal a la nación, dando muestras de su debilidad institucional para enfrentar a los que distraen, se apoderan y desvían los recursos públicos de nuestras instituciones públicas, indicando que lo moral, lo ético, lo correcto, no importa ni interesa, que lo que prevalece es el dinero que se pueda recuperar.
El que se apodera de lo ajeno, el que comete fraudes para lograr riquezas dolosas e indecorosas; el que evade el pago de sus impuestos, aprovechando el tráfico de influencias políticas, aunque devuelva una parte de lo obtenido ilícitamente, continúa siendo un vulgar delincuente y un perseguido de la justicia. Este acuerdo, de devolver parte de lo sustraído, no es más que una vulgar admisión del hecho del que se le imputa.
El señor Maxy Montilla, propietario de diversas empresas de suministro de equipos, materiales y servicios eléctricos, fue contratista por muchos años de las Empresas Distribuidoras y Comercializadoras de Electricidad EDE Sur, EDE Norte y EDE Este.
Dicho señor logró conformar una gran estructura corrupta para manipular los distintos procesos de licitaciones contemplados en la Ley 340-06, sobre Compras y Contrataciones Públicas, a través de un entramado societario, en combinación con funcionarios de dichas empresas comercializadoras de electricidad. En dicho entramado participaban varias de sus empresas.
Según algunos tratadistas en Derecho Penal, dicho acuerdo no fue fruto de un juicio oral, público y contradictorio, sino, de una negociación a puerta cerrada, en la que se negoció su libertad, a cambio de la devolución de una mínima parte de lo distraído. De haberse celebrado dicho juicio, en el mismo debieron participar, también, todos los funcionarios que formaban parte de dicha estructura, tal como se hizo con los imputados de otros entramados fraudulentos.
El señor Montilla había declarado que participó en diferentes licitaciones por más de 13 mil millones de pesos, lo que iba en detrimento de las empresas de la competencia, las cuales siempre se quejaban del favoritismo por las empresas de dicho señor, las cuales siempre resultaban beneficiadas en dichas licitaciones.
Con este penoso y cuestionado acuerdo, el Ministerio Público y la propia Procuraduría General de la República se descalifican ante el país y ante la sociedad, pues dan a demostrar que no confían en los jueces de los distintos tribunales, que prefieren que el Estado dominicano recupere parte de lo distraído, y no que el imputado sea condenado a una pena mínima y al pago de una simple fianza.
Con este mal proceder se le hace un flaco servicio al país y se le envía una señal equivocada a las presentes y a las futuras generaciones. Se les indica que si se distraen miles de millones de pesos y se devuelve una mínima parte de lo distraído, ya su pena quedará cumplida, su libertad será garantizada y volverá a ser una persona honorable y respetada en la sociedad.
Según algunos expertos, cuando alguien decide devolver una parte de lo sustraído, es porque sustrajo por lo menos diez veces más de lo devuelto. Pero aun logrando su libertad, de mantener en su poder grandes fortunas indecorosas y cosas materiales, se pierde lo más sagrado de un ser humano, algo que no se volverá recuperar jamás: la dignidad, la moral, la confianza y la credibilidad en la sociedad.
Pero, además, este señor, toda su familia y todos los que formaron parte de ese gran entramado, serán cubiertos por una inmensa mancha indeleble, que nunca se borrará.
Este es el costo de la ambición desmedida y desenfrenada en que incurren muchos funcionarios públicos. Qué pena y qué vergüenza.
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