En octubre, el presidente de Indotel, Guido Gómez Mazara, envió una comunicación a la procuradora general Miriam Germán Brito para impulsar un proyecto de combate a los delitos cibernéticos en las cárceles, a un costo estimado de RD$300 millones. Esta iniciativa refleja la creciente preocupación por el control de actividades ilícitas desde los centros penitenciarios; sin embargo, plantea dudas sobre la justificación de un gasto tan elevado.
¿Es realmente necesario desembolsar esta suma para aumentar la seguridad en las cárceles? Si bien resulta prioritario frenar los delitos cibernéticos y establecer un entorno seguro, el monto asignado parece excesivo. Dado el impacto que podría tener en el presupuesto público, es fundamental que las autoridades revisen minuciosamente el costo y la efectividad de este proyecto. Es preciso evaluar si existen alternativas más asequibles que garanticen un control adecuado, sin comprometer recursos de manera innecesaria.
Este tipo de inversiones requiere una auditoría cuidadosa y la búsqueda de soluciones prácticas y viables, de modo que se impida un gasto innecesario. La seguridad debe ser prioridad, pero también la eficiencia en el uso de los fondos públicos.
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