Por: Alejandro Santos
Los dominicanos anhelamos ver nuestro país recorriendo un camino real de progreso, con menos discursos y más realizaciones.
No se trata simplemente de llenar páginas con críticas pesimistas. Más que eso, existe el deber de advertir para evitar que transitemos hacia un escenario de pérdida total de confianza y credibilidad.
A propósito de los recientes movimientos de funcionarios en el Gobierno, sería incorrecto confundir esas remociones y designaciones con la aplicación de una política de cambio estructural.
Al mismo estilo de siempre, se recurre a cambiar personas en las instituciones para despertar nuevas esperanzas, refrescar la imagen del Gobierno o saldar deudas políticas pendientes mediante el reparto de posiciones.
Pero la población espera cambios más profundos: recibir servicios eficientes de salud y educación, contar con instituciones que realmente cumplan sus funciones, soportar menos presión por el pago asfixiante de impuestos y observar una mayor responsabilidad en el manejo y el equilibrio de las finanzas públicas.
La esperanza de grandes cambios se va extinguiendo. A seis años de haber comenzado el gobierno de Luis Abinader, todavía no ha llegado la ejecución de muchas de las promesas de transformación del Estado dominicano.
Los verdaderos cambios suelen ser visionarios, progresistas y, muchas veces, contrarios a la corriente. Requieren determinación para romper con viejas prácticas y voluntad política para sustituir estructuras que se resisten a desaparecer.
Pero cuando las expectativas creadas quedan muy por encima de la realidad, llegan inevitablemente la frustración y la desconfianza.
Durante estos seis años hemos escuchado incontables veces la palabra “cambio”. Se utilizó como consigna electoral, como identidad del nuevo Gobierno y como una forma de marcar distancia frente a las administraciones anteriores. Se ha repetido tantas veces que corre el riesgo de perder su verdadero significado.
El 18 de agosto de 2021, al cumplirse el primer año de gobierno, Abinader convocó al liderazgo político, empresarial y social a un diálogo nacional para impulsar 12 grandes reformas. La agenda incluía la modernización del Estado, la transparencia y la institucionalidad, la reforma policial, el sector eléctrico, el agua, la educación, la seguridad social, el transporte, la transformación digital, el pacto fiscal, el Código Laboral y la Ley de Hidrocarburos.
Cinco años después de aquella convocatoria, ninguna de esas reformas ha sido ejecutada integralmente como fue concebida dentro de aquel gran diálogo nacional. Esto ocurre a pesar de que el Partido Revolucionario Moderno ha contado con una mayoría congresual suficiente para convertir muchas de sus promesas en leyes y políticas públicas.
El Gobierno anunció que disminuiría la burocracia mediante la fusión y eliminación de instituciones del Estado dominicano. Se realizaron algunos ajustes, pero el gasto corriente improductivo continúa aumentando y colocando una mayor carga sobre el presupuesto nacional.
También se planteó una reforma policial, presentada desde el inicio como una de las principales transformaciones de la nueva administración. Se han aumentado los salarios, mejorado algunos procesos de formación e incorporado herramientas tecnológicas, pero la reforma continúa incompleta y la pieza legislativa destinada a transformar integralmente la Policía Nacional todavía no ha sido aprobada.
Tampoco han concluido las reformas al Código Laboral, la seguridad social y el sector agua. El Pacto por el Agua 2021-2036 fue firmado en agosto de 2023, pero la esperada ley de agua continúa pendiente. Mientras tanto, miles de comunidades siguen padeciendo deficiencias en el acceso y la distribución del servicio.
La prometida transformación del sector eléctrico tampoco presenta los resultados esperados. Los datos del Ministerio de Energía y Minas indican que las pérdidas de energía de las empresas distribuidoras aumentaron de 36.9 % en marzo de 2024 a 37.6 % en marzo de 2025. Al cierre de ese período, el Gobierno central había destinado US$338.8 millones en subsidios para cubrir el déficit de las distribuidoras.
La concepción de una nueva estructura fiscal integral, menos regresiva y más eficiente, que funcione como un instrumento progresista tanto en la recaudación de los ingresos como en la calidad del gasto público, tampoco termina de implantarse.
Sería injusto desconocer que el Gobierno ha realizado esfuerzos y alcanzado algunos avances en determinadas áreas, como la reducción de la pobreza monetaria. Sin embargo, continúa existiendo una distancia considerable entre las estadísticas oficiales y la percepción de una población que siente cada día el peso del costo de la vida y la pérdida de su capacidad adquisitiva.
También se han realizado esfuerzos en materia de transparencia, aunque, en ocasiones, se proyectan más como acciones propagandísticas que como transformaciones institucionales profundas.
Persisten importantes deficiencias en la supervisión del manejo de los recursos públicos y en la aplicación de sanciones cuando se comprueban irregularidades. Aunque ha mejorado la percepción internacional sobre el combate a la corrupción, todavía no puede hablarse de un salto significativo, especialmente cuando continúan las denuncias y los cuestionamientos sobre privilegios y oportunidades concedidos a personas vinculadas con las estructuras del poder.
Cuando se pretende vender como cambio lo que solamente corresponde a las acciones regulares de un Gobierno, terminamos distorsionando el verdadero significado de la palabra.
El problema no es la ausencia total de obras, programas o resultados. El problema consiste en confundir la gestión cotidiana con el cambio estructural prometido.
Construir carreteras, entregar bonos, inaugurar hospitales, extender líneas del Metro o ejecutar programas sociales son responsabilidades propias de cualquier Gobierno. El cambio verdadero supone modificar la forma en que funciona el Estado, profesionalizar la administración pública, fortalecer la independencia de las instituciones, reducir el clientelismo y conseguir que los servicios esenciales funcionen sin depender permanentemente de improvisaciones y subsidios.
La percepción ciudadana refleja esa contradicción. La encuesta Gallup–Diario Libre, realizada entre el 28 de abril y el 1 de mayo de 2026, encontró que el 51.7 % consideraba a Abinader un buen presidente. Sin embargo, el 62.9 % calificaba la situación económica nacional como mala o muy mala; el 55 % desaprobaba el desempeño en seguridad ciudadana y el 55.9 % entendía que el Gobierno había realizado un mal trabajo en el control del endeudamiento.
Es la paradoja de un presidente que conserva una valoración personal favorable, pero gobierna sobre una población que comienza a perder la confianza en que las grandes transformaciones prometidas llegarán algún día.
Cambiar funcionarios, hacer lo mismo que los antecesores, repetir errores, proteger prácticas tradicionales y continuar transitando por la misma senda no puede presentarse permanentemente como una acción de cambio.
A Luis Abinader todavía le quedan dos años para convertir una parte importante de sus promesas en realizaciones. Cuenta con mayoría congresual, legitimidad política y un segundo mandato que ya no depende de la búsqueda de la reelección.
El tiempo de anunciar el cambio prácticamente se agotó. Ahora queda demostrar, con hechos y no con palabras, si aquel cambio prometido solamente sirvió para llegar al poder o si finalmente llegará al Estado dominicano.
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