La emisión de una nueva cédula de identidad y electoral que está impulsando la Junta Central Electoral es un proceso muy importante para el país que, por todas partes, necesita ampliar la capacidad del Estado de controlar su padrón de ciudadanos, dándose la oportunidad de incluir tecnologías modernas, depurar de forma proactiva el registro civil, prevenirlo de acciones de falsificación, facilitando la digitalización de trámites y servicios públicos.
Igualmente, este proceso de renovación tendría implicaciones legales, sociales, tecnológicas, de seguridad y de desarrollo, indudablemente, se ofrecería a los ciudadanos a fin de que todos estemos debidamente identificado y registrado en las bases de datos del Estado.
Esta inclusión sería definitivamente plena, y permitirá se pueda hacer trámites en línea de forma segura y rápida, tener la oportunidad para registrar a personas que nunca tuvieron documentos oficiales, expulsar del padrón a los suplantadores de identidad, razón que se considera clave para acceder a derechos fundamentales como votar, trabajar, estudiar, recibir atención médica o acceder a programas sociales.
La licitación pública internacional de la nueva cédula fue mostrada a todo el país, y la misma no debería interferir en la continuación del proceso.
La JCE lo ha denominado como un proyecto de Estado. Todos debemos construirlo en base al consenso amplio entre los distintos sectores de la sociedad (gobierno, oposición, partidos políticos, sociedad civil, sector privado, academia), que tiene como finalidad impactar fundamentalmente en las primarias de 2027, y garantizar las elecciones de 2028.
Amén de que la nueva cédula que, tal y como ha sido explicado por su pleno, y el magistrado Román Jáquez, como el indiscutible líder de ese proceso, “fortalecerá los mecanismos de seguridad y la confiabilidad, permitirá al órgano electoral una mayor capacidad en términos de seguridad de la información relativa a los electores”.
Todo proyecto de Estado en estos momentos de vorágine política es lo que más conviene al desarrollo integral y sostenible de nuestro país, más allá de los intereses de un gobierno o partido político, en particular. Y la nueva cédula representa el tipo de intención que reúne en sus objetivos, estrategias y acciones a largo plazo, lo que mejor define una democracia, hoy: la identidad y la soberanía.
En un sistema democrático como el nuestro, la soberanía emana del pueblo. Es decir, la autoridad del Estado nace del consentimiento de los ciudadanos, quienes eligen a sus gobernantes. Los ciudadanos son todas las personas que pertenecen legalmente al Estado y tienen derechos y deberes reconocidos por la Constitución o las leyes; al destacar derechos ciudadanos, debemos referirnos a poder votar, trabajar, estudiar.
Es correctísimo, por lo tanto, reconocer que implementar una nueva cédula, rendirá sus frutos “en beneficio del fortalecimiento de nuestra democracia y de la salvaguarda de nuestra identidad, que es hacer respetar nuestra soberanía”.
Agradezco haber acudido al llamado de las tantas variadas presentaciones y explicaciones a líderes del país, del proceso de la nueva cédula, donde ha quedado en claro, la confianza a la JCE, y que no existe contradicción en llevar este proceso “por el libro”, mientras el organismo depura su registro civil, del que ha dicho haber validado a la fecha unos 1,581,323 registros de nacimientos.
La cédula de identidad y la cédula de identidad y electoral es el documento base que permite esa identificación única y oficial de los ciudadanos. ¡Veámoslo como una inversión por la democracia plena, y con libertad sin límites de expresión!
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