Por: Alejandro Santos
“El poder debe tener límites; cuando no los tiene, termina convirtiéndose en un instrumento de opresión.”
— Juan Bosch
“La democracia no consiste únicamente en ganar elecciones; consiste en garantizar que nadie tenga poder absoluto.”
— José Francisco Peña Gómez
La dinámica del actual gobierno ha dado un giro que merece atención. Durante años, su sello distintivo fue precisamente la disposición a escuchar, a medir el pulso de la opinión pública y, cuando era necesario, dar marcha atrás. Eso está dejando de ocurrir. Las últimas iniciativas legislativas se han sometido y aprobado a toda velocidad, sin vistas públicas, sin consultas, sin dejar espacio para ninguna otra consideración.
Y los antecedentes de rectificación están ahí para quien quiera verlos. Este gobierno construyó una reputación sobre la base de saber retroceder cuando la ciudadanía rechazaba sus propuestas. La lista de iniciativas que fueron dejadas sin efecto es larga y elocuente: la Reforma Fiscal o Proyecto de Ley de Modernización Fiscal (2024), el primer intento de reforma fiscal (2021), el Proyecto de Ley Integral sobre Trata de Personas, Explotación y Tráfico Ilícito de Migrantes, el Proyecto de Ley contra la Ciberdelincuencia, el Contrato de fideicomiso de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, la propuesta de modificación de la cesantía laboral, la suspensión de los aumentos programados de la tarifa eléctrica, el Carné para Habitantes Fronterizos, las restricciones a nombramientos y reajustes salariales en la administración pública (circular MAP–DIGEPRES), el impuesto del 3 % a las compras realizadas con tarjetas en moneda extranjera y la propuesta de gravar el salario de Navidad.
¿Qué cambió? ¿Por qué el Gobierno y el Congreso han decidido operar de otra manera? ¿Por qué ahora todo se impulsa a toda prisa, sin que nada los detenga?
La aprobación de las medidas «anticrisis» y la modificación de la ley de desechos sólidos manifiestan una evidencia: estamos ante el ejercicio del poder de un solo partido que no tiene necesidad de negociar con nadie.
Hay algo en la teoría democrática que vale la pena recordar en este momento: la democracia funciona con las diferencias. Son precisamente esas divergencias, distintas y contradictorias, las que obligan a los gobiernos a afinar y mejorar sus decisiones. Cuando ese paradigma desaparece, lo que queda no es eficiencia, sino el dominio de una sola voluntad.
La historia reciente dominicana viene demostrando que la concentración de todos los poderes del Estado en un solo partido —o en el partido gobernante junto a sus aliados— produce casi siempre el mismo resultado, independientemente de quién esté en el poder. Da lo mismo que se trate del PRD, del PLD o del PRM: cuando se impone una mayoría avasalladora, esta termina pasando por encima de los criterios de los demás partidos y arrasando con las posiciones de los sectores económico, social, civil, religioso y popular.
En los últimos 25 años, la composición del Congreso dominicano ha ido confirmando, con distintos colores partidarios, esa misma tendencia. En 2002, el PRD logró un dominio casi absoluto del Senado. En 2006, el PLD y sus aliados pasaron a controlar ambas cámaras. En 2010, ese mismo PLD llevó ese control a un nivel todavía más aplastante. En 2020, el PRM tomó la delantera en el Senado y en la Cámara de Diputados, y en 2024 volvió a ampliarse la mayoría oficialista. Cambian los partidos, pero la lógica es siempre la misma.
El control absoluto no tarda en transformarse en la dictadura de una sola verdad. No escucha, no consensúa, no acepta visiones diferentes, no consulta, no negocia. Impone sus decisiones.
El dominio total sobre los principales poderes del Estado convierte en ficción la fiscalización del Congreso, el control y la supervisión de la Cámara de Cuentas y la propia aplicación de justicia.
En campaña, los partidos de oposición pregonan siempre la necesidad de distribuir los poderes, de garantizar un Congreso plural, de frenar los excesos del Ejecutivo. Pero cuando llegan al poder, el discurso cambia. De repente, resulta que necesitan «su Congreso» para poder gobernar. Lo que antes era un principio democrático se convierte en un obstáculo que hay que superar.
Desde el gobierno, se movilizan entonces todos los medios y recursos disponibles para consolidar el control del Poder Ejecutivo, del Congreso y, a partir de ahí, una influencia determinante sobre los demás órganos del Estado.
Y así se instala lo que podríamos llamar la dictadura de la única verdad: la que no admite réplica, la que no necesita convencer porque ya tiene los votos para imponerse. Ahí es donde la democracia empieza a perder algo que no se recupera fácilmente: la capacidad real de deliberar, de corregir el rumbo, de construir algo que no sea solo la voluntad de quien manda.
Lo más preocupante es que ya nadie se sorprende. El partido que está fuera del poder denuncia la concentración como un peligro; el que llega al poder la defiende como una necesidad. Y así, en vez de avanzar hacia una cultura de equilibrio para gobernar, seguimos afianzando una cultura de dominación.
La República Dominicana tiene que entender —y asumir— que distribuir el poder no es un capricho, ni debe tomarse como un freno al buen gobierno. Es una garantía para que la sociedad funcione mejor, una protección básica contra los excesos y la única manera de evitar que el Estado quede secuestrado por la voluntad de una sola mayoría.
Cuando se rompe el equilibrio, lo que se pierde no es un simple trámite o formalismo institucional. Lo que se pierde es la posibilidad de que la sociedad pueda decir que no, o participar con más capacidad para incidir —y que ese “no”, o esa recomendación, sea tomado en cuenta.
Se hace necesario que las fuerzas vivas tomen conciencia de lo que está sucediendo, para poner freno a la práctica de imponer leyes y medidas a toda carrera, sin importar el pensar y el sentir del resto de la sociedad dominicana.
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