Por Freddy Angel Castro Díaz
Un debate superficial con una falsa narrativa intenta abrirse paso en el imaginario político dominicano: reducir la aptitud para aspirar a la Presidencia de la República a una simple cuestión de edad. Bajo esa lógica, se pretende establecer que, superado cierto umbral etario, un dirigente debe retirarse automáticamente de la competencia política.
La premisa es equivocada. La edad, por sí sola, no determina la capacidad de gobernar, liderar, interpretar una coyuntura nacional, internacional o conectar con las aspiraciones ciudadanas. En democracia, la fuente de legitimidad no es la opinión de comentaristas, un influencer, ni una tendencia momentánea en las redes sociales: es la voluntad popular expresada en las urnas.
La historia política reciente demuestra que la edad no ha sido un obstáculo absoluto para ejercer o disputar la Presidencia en democracias relevantes.
En Estados Unidos, Donald Trump asumió su segundo mandato presidencial en enero de 2025 con 78 años, convirtiéndose en el presidente de mayor edad al asumir el cargo. Joe Biden también llegó a la Presidencia con 78 años, mientras Ronald Reagan asumió en 1981 con 69 años. Estos casos muestran que el electorado puede confiar responsabilidades de máxima relevancia a personas de larga trayectoria política y pública.
En Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, de 80 años, busca en 2026 un cuarto mandato presidencial no consecutivo. Sus anteriores períodos se desarrollaron entre 2003 y 2010, y regresó al poder en 2023. Su candidatura confirma que, dentro de los límites constitucionales y de la competencia electoral, la edad no impide que un líder conserve presencia, respaldo y capacidad de movilización política.
En Venezuela, Rafael Caldera ejerció dos períodos presidenciales no consecutivos, de 1969 a 1974 y de 1994 a 1999. Su retorno al poder ocurrió décadas después de su primer mandato y fue resultado de una decisión electoral, no de una concesión mediática.
Esto lo que demuestra es algo elemental: en una democracia, el criterio decisivo debe ser la voluntad ciudadana, evaluada mediante elecciones libres y competitivas.
El falso dilema generacional
Algunos analistas y comunicadores plantean que la presencia de figuras mediáticas o influenciadores en encuestas políticas evidencia un vacío en la sociedad dominicana. Desde esa perspectiva, se advierte una falta de profundidad en el debate nacional y una debilidad en la defensa de los intereses estratégicos del país.
Esa advertencia merece atención. Sin embargo, no debe utilizarse para sustituir un debate serio por otro igualmente reduccionista: el de dividir la política entre “jóvenes” y “viejos”, como si la experiencia fuera un defecto y la novedad, por sí misma, una garantía de buen gobierno.
Las sociedades contemporáneas son complejas. La revolución digital, la inteligencia artificial, la transformación productiva, la inseguridad transnacional, el cambio climático y las tensiones geopolíticas exigen liderazgos capaces de combinar experiencia, preparación técnica, visión estratégica y apertura al cambio.
Hace apenas cinco décadas, hablar de inteligencia artificial parecía propio de la ciencia ficción; hoy forma parte de la vida cotidiana, la educación, la economía y la administración pública.
La política debe renovarse, sin dudas. Pero renovarse no significa excluir automáticamente a quienes poseen experiencia, conocimiento acumulado y legitimidad democrática. La renovación genuina consiste en elevar la calidad del liderazgo, ampliar la participación ciudadana y someter a todos los aspirantes —sin importar su edad— al escrutinio de la sociedad.
La experiencia dominicana
La República Dominicana tampoco puede ignorar su propia historia. Joaquín Balaguer fue presidente en distintos períodos y acumuló más de dos décadas en el poder. Entregó la Presidencia en 1978 y nuevamente en 1996, luego de procesos electorales difíciles y políticamente trascendentes.
La Constitución vigente permite la reelección presidencial por un período consecutivo y prohíbe volver a postularse posteriormente para el mismo cargo. Este régimen establece límites claros para quien ejerce la Presidencia bajo esa norma, pero no equivale a una inhabilitación por edad.
En el caso de los expresidentes que no están impedidos por una prohibición constitucional aplicable, la posibilidad de aspirar depende de las reglas electorales vigentes, de la habilitación jurídica correspondiente y, finalmente, de la decisión soberana del pueblo. Las constituciones no deben interpretarse desde el prejuicio, ni desde el deseo de retirar artificialmente a competidores políticos.
Ningún dirigente serio debe aceptar una “pensión política” decretada desde un programa de televisión, una red social o una encuesta coyuntural. Solo el pueblo puede otorgar, renovar o retirar la confianza política. El ciudadano es el depositario de la soberanía; por ello, la ciudadanía tiene el derecho de elegir, reelegir, sustituir o rechazar a quienes aspiren a conducir el Estado.
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