En nuestro país se celebraron las elecciones municipales en febrero pasado y el 19 de mayo las congresuales y presidenciales. En ambos procesos hubo una gran abstención electoral, la cual, según la propia Junta Central Electoral (JCE) alcanzó casi a un 50%, lo que constituye un record en materia electoral, es decir, que más de cuatro millones de dominicanos no acudieron a las urnas a ejercer su derecho al voto.
Las causas que motivaron a dicha abstención se deben, entre otras, a que los electores ya dejaron de creer en el liderazgo de la mayoría de los partidos y organizaciones que conforman todo el sistema político dominicano, pues se sienten decepcionados, burlados y estafados por tantas promesas incumplidas.
Además, por la excesiva campaña publicitaria en apoyo al Presidente de la República y a sus candidatos; al enriquecimiento ilícito de funcionarios; por la actitud impune y permisiva ante los actos de corrupción cometidos en los diferentes gobiernos. Ya estos no inspiran confianza ni credibilidad en el electorado
Los electores observan cómo el partido de gobierno y sus aliados escogen como candidatos a personas acusadas de cometer actos de corrupción y de estar relacionadas con el narcotráfico; de utilizar los recursos del Estado para aplastar a la oposición, para comprar voluntades de otros partidos; en subsidios de campaña y en la compra de votos.
Todos esos recursos les serán extraídos de las costillas a los sectores más empobrecidos a través de una reforma fiscal infernal, con más impuestos, es decir, que esos platos rotos los tendremos que pagar con lágrimas, sudor y sangre.
En dichas elecciones participaron unos 35 partidos, organizaciones y movimientos políticos, de los cuales 26 no obtuvieron el 1% de los votos, pero la JCE les entregó más de 5,500 millones de pesos del presupuesto nacional, de los impuestos que directa e indirectamente pagamos todos los dominicanos, algo insólito en un país de apenas 10 millones de habitantes, con una extensión territorial de 48,000 kilómetros cuadrados, suma que hubiese sido mucho mayor en caso de haber ocurrido una segunda vuelta,
Es inconcebible que un país con tanta pobreza y desigualdades, con una deuda pública consolidada que absorbe casi el 60 % del PIB, con una deuda social acumulada y con un déficit fiscal tan alto, se tire por la borda tantos recursos para beneficiar a tantas agrupaciones políticas parasitarias, que en la mayoría de los casos, no le rinden ninguna labor ni servicio al país, pues solo salen a la palestra pública en tiempos de elecciones, moviéndose de un lado para otro, ofreciéndose a la venta o renta al mejor postor, como si fueran verdaderas franquicias comerciales.
El partido que gane la presidencia de la república tiene que entregarles algunos ministerios, direcciones de instituciones y embajadas para que se las repartan entre su membresía y familiares, como si se tratara de una piñata o una empresa de su propiedad.
De ahí que en una próxima reforma fiscal también debe considerarse reformar las Leyes de Partidos y Régimen Electoral, para eliminar a este tipo cáncer, que convierte a nuestra insipiente democracia en una de las más costosas del hemisferio.
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