La corrupción y la impunidad constituyen dos de los males centrales de la contemporaneidad. En República Dominicana la corrupción tiene su principal antecedente en la llegada de los conquistadores españoles en 1492, quienes robaron nuestro oro, se apoderaron de nuestras tierras y exterminaron a la población aborigen originaria.
En la era republicana, los gobiernos que se han sucedido han dilapidado a sus anchas los fondos y recursos públicos. Se estima que cada año más de treinta y seis mil millones de pesos son esquilmados de los fondos públicos y van a parar a manos particulares de políticos corruptos, coligados con el sector empresarial cada año.
La corrupción pública no tiene colores de partidos políticos. Los gobernantes de todos los partidos han participado del reparto de bienes del Estado. Los grandes caudillos (Pedro Santana, Buenaventura Báez, Ulises Heureaux, Rafael Trujillo, Joaquín Balaguer) y los “demócratas liberales” del PRD Y PLD han incurrido en este mal, sin que haya un solo preso en las cárceles dominicanas acusado de peculado.
En el gobierno de los doce de Joaquín Balaguer (1966-1978) se hicieron ilícitamente más de trescientos millonarios, y en los ocho del PRD (1978-1986) lograron la cúspide económica, a través del ordeñe de la “vaca nacional” más de quinientos millonarios. Juan Bosch hizo el “álbum de la corrupción” donde enlistó a cada uno de los corruptos de esa época. El número de millonarios del PLD aún no se cuantifica, pero es una lista abundante. Los casos conocidos del gobierno 2012-2020 y que se ventilan en los tribunales son escandalosos.
A nivel privado, en República Dominicana también existe una gran corrupción. Esta se explica a través de la asociación de empresas y/o empresarios con instituciones y/o funcionarios del gobierno, alterando presupuestos de obras públicas, en la compra de suministros, el soborno, entre otras muchas formas.
También, muchos negocios privados -mal administrados- han tenido que ser rescatados por el gobierno. Es el caso de las quiebras de bancos e instituciones financieras, donde el Estado ha salido grandemente perjudicado. La quiebra bancaria del año 2003 fue tormentosa y el rescate de esos negocios fue desvergonzado. En el caso de uno de estos bancos el Estado debió pagar la restitución a ahorristas de más de cincuenta y cinco mil millones de pesos, lo que generó que un millón de dominicanos fueran lanzados a la pobreza, mientras los dueños del banco recibieron nimios castigos y hoy se pasean libres por el país, algunos indultados.
¿Cuál pesa más, la corrupción pública o la privada? Para mí ambas son perniciosas, altamente tóxicas para el desarrollo del país, y en magnitudes van iguales. La evasión fiscal del sector comercial-empresarial lo demuestra. El fraude tributario es un cáncer: el 46% del sector empresarial comercial, por ejemplo, evade pagar el Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS), que es el impuesto al valor agregado (IVA) en otros países.
Existe una situación de hartazgo social frente al fenómeno de la corrupción, pero no es inteligente que la lucha se enfoque hacia los corruptos favoritos. Debe ser contra todos los corruptos, los de ayer y los de hoy, tanto del sector público como privado, siempre cuidando el debido proceso.
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