La ciencia del derecho público está obligada a tener conocimiento de los problemas de su tiempo. Así se justifica estudiar ahora los acontecimientos de la crisis política de Venezuela, que tocó fondo el 10 de enero, a las 10:45, hora en que se juramentaba como presidente, de manera ilegítima, el apócrifo Nicolás Maduro Moros, dando pie al inicio de un golpe de Estado, o un autogolpe, ya que la toma de posesión (a veces transferencia de poder) no transcurrió de forma pacífica, como es común en democracia.
Si se otea en retrospectiva, los golpes de Estado o intentos de golpe más relevantes en América Latina entre 2000 y 2025, todos tienen que ver con este mal llamado socialismo latinoamericano. Hay que señalar que algunos de estos eventos han sido calificados de golpes “blandos” o “parlamentarios”.
Venezuela aportó su ejemplo con el intento de golpe de Estado contra Hugo Chávez, en abril de 2002. Si recuerdan, un grupo de militares, empresarios y miembros de la oposición intentaron derrocar al presidente Hugo Chávez, quien había sido electo democráticamente.
Chávez fue arrestado y sacado del poder, pero tras una serie de movilizaciones populares y el apoyo de sectores militares, recuperó el poder dos días después.
Ese solo intento de golpe fortaleció la posición de Chávez y consolidó su gobierno, pero también incrementó la polarización política en Venezuela. Y tenemos el ejemplo opuesto de Maduro, quien es derrotado en las unas, en julio de 2025, y mediante un fraude infantil, absurdo, subvierte en orden democrático, para mantenerse en el poder.
En las elecciones del 28 de julio, aprovechando una comunidad internacional que no reaccionó correctamente debido al contexto de la represión política y la contrainteligencia de los ciudadanos, nació el golpe de Estado de Maduro, violentando el artículo 350 de la Constitución venezolana.
Hubo otros golpes de Estado en la región. En Honduras (2009), tuvo lugar contra Manuel Zelaya. Fue derrocado por un golpe de Estado militar apoyado por parte del Congreso y la Corte Suprema de Justicia. Zelaya había intentado modificar la Constitución para permitir su reelección, lo que fue considerado ilegal.
En Paraguay, en 2012, hubo un golpe parlamentario contra Fernando Lugo. Este fue destituido por el Congreso de Paraguay tras un juicio político rápido, que fue considerado por muchos como un «golpe parlamentario». Lugo fue acusado de mal manejo de la crisis en el campo, especialmente en relación con un enfrentamiento entre campesinos y policías.
En Bolivia, la crisis política y el “golpe de Estado” contra Evo Morales, en noviembre de 2019, tras las alegaciones de fraude, después de casi 14 años en el poder, renunció después de una serie de protestas masivas y de la presión de las fuerzas armadas. Su renuncia derivó en la autoproclamación de Jeanine Áñez como presidenta interina.
Y, tenemos, la destitución de Martín Vizcarra, por “incapacidad moral”, un proceso controversial que fue considerado por muchos como un intento de golpe de Estado parlamentario. Vizcarra fue acusado de corrupción, aunque no había una sentencia judicial definitiva en su contra. Aquello provocó protestas masivas y desestabilización política.
Y finalmente, está el caso de Nicaragua, muy parecido al de Venezuela. Aunque no se trató de un golpe de Estado formal, la reelección de Daniel Ortega, en 2021, fue marcada por la represión a la oposición y a los medios de comunicación, con encarcelamiento de candidatos presidenciales y disidentes.
Ortega y Maduro han sido acusado de consolidar un régimen autoritario; ellos apuestan a instaurar una dictadura con carácter constitucional.
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