Motivado por la Encuesta de Cultura Democrática (ECD) 2022-2023, del Ministerio de Economía y Planificación y Desarrollo (MEPYD), y por el anuncio del Ministerio de Interior y Policía, sobre campaña para fortalecer la sana convivencia y lograr paz ciudadana, arriesgaré algunas reflexiones sobre la relación entre seguridad y democracia. Esta interdependencia es bastante compleja y tiene múltiples dimensiones.
En esta ocasión, pensaré en la violencia que les generan las instituciones a los ciudadanos.
La “seguridad” está implícita en el concepto de las libertades individuales, ya que la democracia existe para garantizar la seguridad de los ciudadanos y proteger sus derechos y libertades individuales.
En la seguridad se implican medidas como la vigilancia, el control de la criminalidad o la respuesta a amenazas externas, la franca violación de los derechos fundamentales de las personas, como la privacidad y la libertad de expresión.
Las llamadas instituciones responsables de la seguridad: la Policía, el Ejército, los servicios de inteligencia, deben operar bajo un marco de transparencia y rendición de cuentas.
Las acciones de estas instituciones deben estar sujetas al control público y judicial, debe evitarse a toda costa los abusos de poder y debe garantizarse que las actividades que lleven a cabo se alineen con los principios democráticos.
En una democracia, los ciudadanos tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso político y en la toma de decisiones sobre políticas de seguridad.
Es una condición sine qua non, está constitucionalizada en la legislación, que haya una supervisión de las instituciones de seguridad y, sobre todo, que no ceje el debate público sobre cómo se deben gestionar los riesgos y amenazas de la seguridad.
En cuanto a la propuesta de la nueva ministra de Interior y Policía de propiciar el programa de cultura de paz y reducir los índices de agresividad, este surge, sin dudas, a fuerza de dar seguimiento al Plan Nacional de Seguridad Ciudadana. Toca a todos los involucrados en el programa dar el apoyo necesario para salir a camino, y cambiar la balanza a nuestro favor.
La seguridad ciudadana en una democracia debe estar basada en el respeto al Estado de derecho. Es muy importante que exista un concepto claro de protección ciudadana, y una prevención del autoritarismo; coercionar con medidas de seguridad, que no quiebren el orden público establecido, ni que se utilicen para fines políticos, ni para reprimir o afectar a los débiles de la sociedad.
Surge, pues, el fantasma de la (in) seguridad, que analizado en la encuesta mencionada se valora como desconfianza en las instituciones democráticas, vg., los partidos políticos, las instituciones públicas. Y vuelve el debate sobre las características de un buen Plan Nacional de Seguridad Ciudadana.
En lo personal aprobaría contar primero con estadísticas oficiales de la violencia urbana; en cambio, se favorece trasladar las instalaciones del ministerio “para operar con mayor seguridad y mejores condiciones físicas”.
Es crucial que las autoridades enfrenten la realidad de que las instituciones puedan estar generando una mayor (in) seguridad que los mismos ciudadanos entre sí.
Hay que considerar la violencia que causa el sistema de justicia penal al hombre común, las prisiones al `preso sin condena`, el sentimiento de inseguridad en los cuarteles, y, en último lugar, la criminalidad estricta, un efecto de la inseguridad misma.
Concluyo con una vieja definición de otros tiempos: “La inseguridad ciudadana es la previsibilidad, el sentimiento de miedo, la certeza de no ser alcanzado por la conducta del otro” (sic). Corresponde a las autoridades del Gobierno, lograr el sentido positivo de la seguridad humana.
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