Hace varias semanas el ministro de Agricultura, Limber Cruz dio a conocer que el gobierno había aprobado de manera provisional, unos 15 mil permisos de haitianos indocumentados, a los productores de bananos de la Línea Noroeste, de un total de 100 mil que habían solicitado. También informó que próximamente se va aprobar otra cantidad a los productores de arroz, plátanos, para la avicultura y para la construcción.
Este anuncio pone en peligro las labores que viene dirigiendo el propio presidente de la República, Luis Abinader con los ex presidentes Leonel Fernández Reyna, Danilo Medina e Hipólito Mejía, así como con los representantes de los distintos sectores económicos, políticos y sociales, en el importante diálogo que se viene realizando en el Centro Económico y Social (CES), pues no tiene sentido que al mismo tiempo que se discuten, proponen y aprueban una serie de medidas en este importante escenario, el gobierno aplique otras decisiones diferentes por separado.
Sería muy lamentable para el país y para nuestra democracia, que esta iniciativa fracase, en un momento en que ha habido muchas coincidencias y unificación de criterios sobre la necesidad de buscar una solución satisfactoria a los problemas generados por la crisis económica, política, social e institucional que hoy afecta a Haití.
Además, por los ataques e irrespeto a nuestra soberanía, hechos por Amnistía Internacional, por la Agencia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Regugiados (ACNUR) y por la Comunidad Internacional, los cuales no tienen moral para hacerlo, pues nunca se han preocupado ni pronunciado por la situación que prevalece en ese país.
El propio ministro de Agricultura, Limber Cruz, viene promoviendo dichas regulaciones, argumentado de que la agricultura no tiene espera, que sin la mano de obra haitiana indocumentada no habrá producción agrícola y que las construcciones de las obras públicas se paralizarán.
Dicho ministro ha admitido que utiliza una gran cantidad de haitianos indocumentados en sus fincas de plátanos, al igual que otros funcionarios del gobierno, pero en ningún momento se ha referido a que los empresarios que utilicen la mano de obra indocumentada haitiana, deben ser responsables de ella.
Estos deben tener un control absoluto de su ubicación, cumplir con sus responsabilidades legales y económicas (pago de sus prestaciones laborales, seguridad social, viviendas, gastos médicos, partos, alimentación, impuestos, educación de los hijos), entre otras, las cuales siempre han recaído sobre el Estado dominicano.
Esta decisión motivaría a que cada vez más haitianos indocumentados quieran emigrar hacia nuestro país, fruto de la vulnerabilidad y la corrupción imperante en nuestra frontera.
Gran parte del Presupuesto Nacional se desvía para atender la seguridad social y ciudadana, maternidad y educación de los haitianos indocumentados.
En varias oportunidades hemos señalado que el Estado dominicano no puede continuar cargando con responsabilidades ajenas, tirando por la borda gran parte del presupuesto destinado para atender las necesidades básicas de todos los dominicanos.
La mano de obra haitiana indocumentada es preferida sobre la dominicana, pues por su condición de ser indocumentada, no se le paga las prestaciones laborales, no se cumple con el pago de la Seguridad Social, con los impuestos, ni con el artículo 135 del Código Laboral, que exige que, por cada 100 trabajadores contratados, por lo menos 80 deben ser dominicanos, (80/20).
Esta situación se complica más porque cada haitiano indocumentado carga con sus hijos y su mujer, los cuales utilizan nuestras maternidades para parir y nuestras escuelas para educarse.
En este tema el presidente Abinader y sus funcionarios deben mostrar una actitud vertical y coherente. No deben mantener un discurso de defensa a la soberanía, en contra de la inmigración ilegal y al mismo tiempo, otro permisivo, de complacencia y de paño tibio con los sectores productivos.
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