Por: Alejandro Santos
El Congreso Nacional, dominado por los partidos políticos, ha decidido derogar los artículos 156, 157 y 158 de la Ley de Régimen Electoral, que establecían un espacio, aunque restringido, para las candidaturas independientes. La decisión constituye una respuesta de abierta soberbia frente al Tribunal Constitucional y un mensaje inequívoco de que los partidos no están dispuestos a ceder ni el más mínimo control sobre la presentación de candidaturas.
La Ley 13-26, elaborada y aprobada a toda prisa, pone en evidencia hasta qué punto los partidos dominicanos se han radicalizado en la defensa de su monopolio absoluto sobre la participación electoral. Más que una reforma orientada a fortalecer la democracia, lo que se ha producido es un cierre deliberado del sistema político, con el propósito de impedir cualquier vía alternativa de representación ciudadana.
El rechazo a la sentencia TC/0788/24 del Tribunal Constitucional, que llamaba al Congreso a corregir las limitaciones impuestas por el Régimen Electoral a las candidaturas independientes, provocó una reacción que bien puede interpretarse como un desacato. No se trató simplemente de una diferencia de criterio legislativo, sino de una decisión adoptada con rapidez y en dirección contraria a lo dispuesto por el órgano encargado de velar por la supremacía de la Constitución.
Lo que queda en evidencia es que se ha querido reducir el papel del Tribunal Constitucional a una instancia sin capacidad real para influir en la vida institucional del país. De esa manera, se le vacía de autoridad y se le coloca en una posición que recuerda aquella vieja y preocupante expresión de que la Constitución no es más que “un pedazo de papel”, frase que alcanzó notoriedad durante el mandato del doctor Joaquín Balaguer.
Cerrar toda posibilidad de ampliar la oferta democrática por la vía de las candidaturas independientes equivale a reducir la vida política dominicana a la exclusiva voluntad de los partidos. Es convertir a esas organizaciones en dueñas absolutas del acceso a la representación, como si los derechos políticos de los ciudadanos solo pudieran ejercerse bajo su tutela y autorización.
La Ley 13-26 no expresa una voluntad de ampliar la participación política y social. Expresa exactamente lo contrario. Es una retranca al desarrollo democrático, un paso hacia el endurecimiento del sistema y una demostración del temor que provoca en los partidos cualquier apertura que permita a la ciudadanía competir fuera de sus estructuras tradicionales.
Temerle a la ampliación de las ofertas electorales no solo revela una visión atrasada y excluyente de la democracia, sino que representa una agresión directa al derecho de elegir y ser elegido, consagrado en la Constitución dominicana.
Si las decisiones del Tribunal Constitucional pueden ser ignoradas o burladas por la mayoría política del momento, entonces no solo se cierran las puertas a las candidaturas independientes, sino que también se debilita peligrosamente la fuerza misma del orden constitucional.
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