Desde la Fundación Derechos Humanos Global, presidida por Rebeca Henríquez, elevamos un llamado al Congreso Nacional para que apruebe con carácter de urgencia el Proyecto de Ley de Protección a Víctimas y Testigos, iniciativa pendiente desde diciembre de 2024.
La República Dominicana atraviesa un momento de profunda preocupación ciudadana. Se observa con alarma el aumento de hechos de violencia, señalamientos sobre presuntas irregularidades en instituciones y un clima que disuade a muchas personas de acudir a las autoridades. Recientemente han surgido inquietudes públicas sobre posibles fallas o alteraciones en procesos periciales, lo que ha generado incertidumbre sobre la integridad del sistema de justicia.
En el ejercicio de nuestra labor institucional, hemos recibido manifestaciones de personas que señalan tener conocimiento sobre presuntas irregularidades, hechos de violencia y supuestos actos de corrupción. Sin embargo, expresan no poder denunciar públicamente por temor a represalias contra su persona o su familia. Por esa razón, muchos casos quedan sin esclarecerse, no por falta de información, sino por falta de garantías.
Muchos ciudadanos se preguntan con profunda desconfianza: ¿Será que esta ley no se aprueba con prontitud porque, en percepción pública, dentro del propio Estado se observa mayor tolerancia a la corrupción que a la delincuencia común en las calles?
Es una pregunta que nace de lo que se percibe a diario: se actúa con celeridad frente a delitos menores en la vía pública, mientras que las presuntas irregularidades desde las instituciones parecen avanzar sin igual respuesta. Si se protege al testigo, se facilita que se conozca la verdad completa: la de los delitos comunes, pero también la de quienes desde cargos públicos pudieran estar abusando de su posición. No puede haber justicia que persiga solo al débil y olvide al poderoso.
De aprobarse una ley integral, el país obtendría beneficios de gran valor público:
Quienes hoy callan por miedo podrían aportar información si se garantiza su seguridad.
Fortalecimiento del sistema judicial: Más testimonios protegidos permitirían investigaciones más completas y transparentes.
Transparencia institucional: La protección de quienes declaran facilitaría que se conozcan presuntas irregularidades dentro de las instituciones.
Recuperación de la confianza ciudadana: Si la población observa que el Estado protege a quien dice la verdad, se restablece la credibilidad en las autoridades.
Combate a la impunidad: Cuando nadie teme declarar, los responsables tienen mayor probabilidad de enfrentar las consecuencias legales de sus actos.
Exhortamos al Gobierno, al Congreso Nacional y a todas las organizaciones de la sociedad civil a trabajar de forma conjunta para crear leyes y protocolos que garanticen protección real, efectiva y sostenida a quien colabora con la justicia.
«La verdad no puede ser un acto de heroísmo que se pague con la vida. ¡Ley de protección a testigos ya!»
Es hora de que República Dominicana cuente con un marco legal que asegure: quien busca justicia no debe correr peligro por ello.
Rebeca Henríquez
Presidenta – Fundación Derechos Humanos Global
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