Por Luis Henríquez
La República Dominicana tiene una forma muy particular de abordar las políticas públicas. Con frecuencia, estas se ejecutan bajo el influjo del inmediatismo, sin una visión integral y sostenida, lo que impide armonizar intereses, maximizar recursos y resolver de manera estructural problemáticas sociales de fondo.
Cada político parece tener su propio “librito” sobre cómo abordar los temas nacionales, y esa descoordinación es, en gran medida, la razón por la cual no avanzamos hacia el desarrollo. Falta una visión país, una agenda común entre Estado y sociedad que oriente los grandes temas nacionales.
La planificación, los planes estratégicos, los pactos sectoriales y la institucionalización de procesos son algunas de las herramientas que deberíamos adoptar para dejar atrás la improvisación y avanzar hacia soluciones integrales. No se trata de imponer visiones personales o interesadas, sino de construir una agenda nacional compartida.
Uno de los sectores más afectados por esta falta de visión es el de los juegos de azar: loterías, quinielas, casinos”, jugadas por internet, juegos interactivos, entre muchas otras modalidades. Se trata de un sector que, aunque a menudo es visto con recelo, representa una importante fuente de empleos, inversión y recaudación fiscal.
A pesar de su impacto económico, el sector se maneja con ambigüedad: por un lado, el Estado lo reconoce mediante el cobro de impuestos; por el otro, lo margina con trabas regulatorias, exclusión social y estigmatización. Esto afecta, especialmente, a miles de mujeres, muchas de ellas madres solteras, que encuentran en este ámbito una fuente de ingreso.
Hoy en día, cerca de 70 leyes, normativas y resoluciones rigen este mercado, con al menos seis instituciones distintas interviniendo en su regulación. El resultado: dispersión, informalidad y ausencia de control efectivo.
Es importante recordar que, al igual que el alcohol, los juegos de azar pueden generar trastornos de conducta y afectar la salud mental. Sin embargo, a pesar de los riesgos, el país carece de una política efectiva para restringir la venta y consumo de alcohol, el cual —según estudios— tiene un mayor impacto negativo en la conducta juvenil que las bancas de apuestas. Los “teteos”, por ejemplo, se realizan con alcohol, no con quinielas.
Por tanto, cualquier reforma al sector debe partir de una mirada amplia, realista y estructurada. No se trata solo de controlar, sino de reconocer, formalizar y regular. Debe establecerse una relación clara entre el Estado y el sector de juego, que permita canalizar parte de los recursos generados hacia programas sociales estratégicos, como el de medicamentos de alto costo o proyectos de prevención de adicciones.
Una verdadera reforma debe integrar al sector financiero, promoviendo transparencia, bancarización y acceso al crédito formal, lo cual contribuiría a su modernización y al fortalecimiento institucional del país.
Necesitamos una autoridad reguladora única, con capacidad real para ordenar un sector disperso y lleno de intereses cruzados. La nueva legislación debe ofrecer seguridad jurídica, claridad en las modalidades permitidas y un sistema tributario equilibrado, que incentive la formalidad sin provocar el colapso del sector ni fomentar la ilegalidad y corrupción.
Asimismo, la densidad poblacional y las condiciones económicas de cada provincia deben ser elementos clave al definir los criterios de instalación de agencias, con el fin de garantizar una distribución racional y justa.
Finalmente, esta reforma debe ser lo más completa y técnica posible, evitando dejar vacíos que luego sean llenados con reglamentos discrecionales que distorsionen el espíritu de la ley.
Saludamos esta oportunidad de reforma. Es el momento de actuar con visión, prudencia y compromiso. Porque el azar no es un juego.
Luis Henríquez
Abogado y político
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