Por: Alejandro Santos
Los fenómenos sociales y económicos no están determinados por leyes naturales, por lo que resulta inaceptable intentar establecer como verdades absolutas cuestiones que están totalmente relacionadas con decisiones correctas o incorrectas de quienes han dirigido el Estado Dominicano.
Esto es evidente en el caso de la reforma fiscal, cuyas causas se encuentran en el excesivo endeudamiento externo y en los elevados gastos corrientes del gobierno. Si existe un déficit público inmanejable, es porque fue creado por decisiones relacionadas con el gasto público de los gobiernos dominicanos, tanto del pasado reciente como del presente.
El paquete de reforma impositiva del gobierno de Abinader incluye modificaciones al impuesto sobre la renta para empresas y personas físicas, cambios en las leyes de exenciones para el turismo, las zonas francas y la industria cinematográfica, un aumento del impuesto a las viviendas, la ampliación de los productos gravados con el 18% del ITBIS, que ahora pasará a llamarse IVA (Impuesto al Valor Agregado), modificaciones a los impuestos sobre bebidas alcohólicas y no alcohólicas, y un incremento en los impuestos de circulación de vehículos, entre otros.
Este amplio y ambicioso paquete fiscal busca recaudar alrededor de RD$125,000 millones adicionales, lo que representa una cifra considerable, superior a los 2,000 millones de dólares. Estas recaudaciones provendrán principalmente de los bolsillos de la clase media y baja del país.
En particular, el impuesto IPI, que en su origen fue concebido para aplicarse a las viviendas suntuarias, ahora se ha transformado en un impuesto que afecta a las viviendas en general. Con los nuevos cambios, prácticamente todas las propiedades familiares estarán sujetas al IPI. Esta medida desincentivará la construcción de viviendas para renta, lo que tendrá una repercusión negativa en la inversión inmobiliaria.
La coyuntura socioeconómica del país exige la organización de las finanzas públicas para mantener el funcionamiento del Estado y el pago de la deuda externa. Sin embargo, es necesario considerar racionalmente las modificaciones a esta propuesta de reforma fiscal, con el fin de mitigar su impacto negativo y las repercusiones que tendría sobre la inversión, el comercio y el consumo de la clase media dominicana.
La discusión sobre la reforma fiscal también pone en evidencia la falta de mecanismos efectivos de contrapeso, necesarios para que la sociedad dominicana cuente con interlocutores confiables, capaces de liderar este proceso y reducir el impacto negativo en la economía de la población.
Actualmente, no existe en nuestro país una fuerza política o social con la capacidad de alterar la ruta de aprobación y ejecución de este paquete de impuestos.
Una de las claves del buen funcionamiento del sistema democrático es la coexistencia de diversas fuerzas políticas y sociales, a menudo en posiciones opuestas. En ocasiones, estas fuerzas pueden coincidir e interactuar en la misma dirección cuando están en juego los grandes intereses estratégicos de la nación y su soberanía. Las contradicciones en el proceso de toma de decisiones en los poderes públicos, especialmente en el Congreso Nacional, son necesarias y enriquecedoras. La historia nos enseña la importancia del contrapeso, particularmente en momentos en los que se abordan temas sensibles para la población dominicana.
El contrapeso es fundamental cuando se adoptan posiciones en defensa de las clases más vulnerables.
Existen precedentes destacados del papel protagónico que han tenido las fuerzas de contrapeso en situaciones donde se han debido asumir posturas firmes, tanto políticas como sociales, para defender los intereses de la población. El vacío actual nos impone limitaciones a la hora de lograr reivindicaciones sociales en la República Dominicana.
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